Convenio para costear la asistencia jurídica a municipios menores de 1.000 habitantes

El acuerdo supondrá el desembolso de 14.520 euros por parte de la corporación provincial, propiciando que los letrados abulenses asistan a las entidades locales con esta problación.

Durante la presentación del acuerdo, García ha destacado la importancia de este convenio que a su juicio "contribuye a cumplir con el gran objetivo y el gran deber" que la Diputación a la hora de "dar auxilio a los municipios, especialmente a los más pequeños, también en materia jurídica".

El importe, que se podrá ampliar a razón de 600 euros por caso si se agotara la cuantía inicial, servirá para costear los primeros veinte casos que los consistorios afronten en las jurisdicciones social, civil y contencioso-administrativa, pero no en la penal.

Desde la institución provincial se aclara que el convenio servirá para defender solo a las entidades locales "como personas jurídicas", no a personas físicas por asuntos particulares.

Primera y segunda instancias

Los abogados serán designados por el Colegio de Ávila y deberán tener, al menos, tres años de experiencia profesional, dentro de un convenio que contempla también la defensa en primera y segunda instancias, excluyendo los recursos de casación ante el Tribunal Supremo.
 

El objetivo de este acuerdo, según Carlos garcía, consiste en "mejorar el funcionamiento y los servicios de los consistorios, lo que redunda en la mejora de las condiciones de vida de los abulenses que viven en nuestro medio rural".

Por su parte, la decana en funciones del Colegio de Abogados ha apuntado que este convenio avanza en lo que a su juicio "debe ser la universalización de la justicia, de ahí su importancia para que cualquier ayuntamiento pueda tener la mejor defensa, independientemente de su número de habitantes o de sus posibilidades presupuestarias". 

Al respecto, ha subrayado "la experiencia" que ofrece el Colegio de Abogados, que lleva "décadas organizando el servicio de justicia gratuita a personas físicas" y considera que está "en las mejores condiciones para poder ofrecer este mismo servicio a personas jurídicas como son las entidades locales".