Y es que el transporte sanitario “es la única manera de poder trasladarse a las consultas hospitalarias necesarias para el seguimiento de sus patologías”, por lo que es un ejemplo, “una vez más, de la política de recortes en los servicios sanitarios públicos”.

La central sindical considera que la decisión “amenaza el sistema de protección de los mayores de la Comunidad”, en plena segunda ola de la pandemia, y que además “se ha ordenado de forma verbal”, y “sin ningún documento ni justificación escrita para que no quede constancia de esta tropelía que se les pueda volver cual bumerán como sucedió en la primera ola con el documento de no derivación hospitalaria".

FESP-UGT afirma que los recortes asistenciales “no conllevan ningún ahorro económico, ya que el servicio cuenta con un canon en la concesión del transporte sanitario de la Comunidad” lo que significa que “tiene una cuota fija periódica que se debe abonar aunque no se realice".

El sindicato exige a la Junta que aumente los recursos y personal para conseguir que “la ratio de pacientes por ambulancia sea menor y, por tanto, más segura”.

También piden que la Dirección General de Planificación y Asistencia Sanitaria lleve a cabo “el seguimiento del cumplimiento estricto" de los pliegos de condiciones de las concesionarias de transporte sanitario de la Comunidad, para “ser especialmente escrupulosos con el bolsillo de los contribuyentes”.