Por ello, el procurador Miguel Hernández ha denunciado "la política de recortes que sigue aplicando la Junta de Castilla y León en el sistema público de Sanidad".

Después de lo vivido en los últimos meses debido a la pandemia, "ahora es cuando la sanidad pública y todos sus profesionales deberían estar más reforzados que nunca, con más inversión, más personal y más medios, pero parece que la Consejería de Sanidad no está por la labor".

En este contecto, ha lamentado el "concepto de sanidad pública" que tiene la Junta, que "mientras dedica más de 500.000 euros para externalizar con la sanidad privada los procedimientos terapéuticos de logopedia para pacientes de la provincia, no es capaz de cubrir una semana de vacaciones de un médico del sistema público".

Al respecto, considera que lo que sucede ahora con la atención sanitaria en Guisando y El Hornillo es "una muestra más de la precariedad que sufren los profesionales y usuarios de la sanidad pública", así como "un ejemplo de las desigualdades sociales en salud que con sus decisiones provoca la Junta entre la población del entorno rural y del urbano".