García ha realizado esta crítica, acompañada por la también parlamentaria abulense del PP, Patricia Rodríguez, al mismo tiempo que han presentado las propuestas que su formación ha planteado al Gobierno para “paliar la situación que atraviesan las familias y los autónomos ante la crisis económica generada por la pandemia de la Covid-19”.

"Este Gobierno ha reiterado su compromiso social, pero lo cierto es que el eslogan 'que nadie quede atrás' no se corresponde con la dura y triste realidad que tenemos en Ávila y en España", ha señalado García, antes de señalar que las medidas “llegan tarde y son insuficientes".

Tras instar al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, a "asaltar menos los cielos y pisar más la tierra” para no dejar atrás a “muchos españoles atrás”, la diputada popular abulense ha lamentado que las cifras de familias que han recibido las ayudas del Estado muestren "la improvisación del Gobierno".

Sólo el 1%
“De oficio, nos consta que se ha reconocido el Ingreso Mínimo Vital a 200 familias de Ávila, a 3.100 en Castilla y León y a 74.000 en España, de las 850.000 a las que iba a llegarles", ha apuntado Alicia García, quien señala que estas cifras demuestran que "sólo el 1% de familias que lo ha solicitado, lo está cobrando”.

“Hubo responsables del PSOE en esta provincia que calificaron la aprobación del Ingreso Mínimo Vital de 'hito histórico', pero lo histórico es que el 99% de las familias esté sin recibirlo”, ha respondido al respecto.

Además, afirma desconocer “las cifras reales de solicitudes no resueltas en la provincia” a la vez que denuncia que en Castilla y León “las familias que cobran el IMV reciben menos cuantía que por la Renta de Ciudadanía, que depende de la Junta de Castilla y León".

Según García, la actuación del Gobierno en este asunto "no es que sólo reciba las críticas del PP, sino que los sindicatos hablan de 'gestión caótica' y los trabajadores sociales la califican de 'desastre'". Al respecto, señala que son "muchas solicitudes se están denegando porque falta un papel”.

Por ello, ha solicitado que se realice “un seguimiento para que la ausencia de un documento no impida que una familia perciba el IMV".

En este contexto, la diputada ha exigido “explicaciones “al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y que comparezca en el Congreso para que explique los motivos “del retraso y del colapso que hace que el 99% de las familias esté esperando”. “Las familias abulenses no pueden esperar meses", ha añadido.

Al respecto, ha recordado las “iniciativas” planteadas por el PP para “incrementar personal y reforzar a los ayuntamientos”. Además, pide “datos veraces de las solicitudes presentadas en Ávila, en Castila y León y en España, cuántas se han denegado, por qué, cuántas familias están esperando y cuántas están recibiendo menos de que recibían con la Renta de Ciudadanía".

García ha apuntado que, si bien el IMV fue apoyado por la gran mayoría de fuerzas parlamentarias, el apoyo del PP estaba “vinculado a la urgencia”, porque “las familias tienen que llenar la nevera y pagar gastos”. “No pueden estar a expensas del laberinto burocrático al que las ha llevado este Gobierno en medio de su propia improvisación", ha argumentado.

Autónomos

Sobre la situación que atraviesan los 14.000 autónomos de la provincia de Ávila, la diputada abulense del PP cree que la proposición no de ley presentada por los populares en el Congreso contempla un paquete de medidas que "da respuesta" a la situación de estos trabajadores por cuenta propia.

Entre las iniciativas, la parlamentaria ha destacado la prolongación de los ERTE “hasta el 1 de abril de 2021 en las mismas condiciones en que están ahora”. A esta propuesta se suman igualmente medidas para conciliar para que los autónomos no tengan que elegir entre su negocio y su familia, bonificaciones del 100% de las cotizaciones a la Seguridad Social “desde el primer día de baja, tanto si están contagiados de la COVID-19 como si tienen que guardar cuarentena".

En este sentido, el PP también ha instado al Ejecutivo central a que "adecue las cotizaciones a los ingresos y, si un autónomo recibe cero ingresos, que tenga cero gastos".