Carlitos gana el juicio a los Salesianos

El joven reclamaba a la congregación religiosa los 12.000 euros que adelantó para estudiar Derecho, si bien la sentencia determina que se le paguen 7.000 euros, toda vez que algunos gastos requeridos, como comida y estancia (vivía en un piso compartido) no han podido ser justificados con facturas, como pedía la jueza.

El pleito lo inició Carlos Montesinos al considerar que el testamento de Sara Torroba, la propietaria de la finca Postoloboso, donde trabajan sus padres como guardeses, establecía que los Padres Salesianos deberían costearle los estudios.

En concreto, determinaba que “deberán atender los gastos académicos que sean necesarios para que don Carlos Montesinos Garro alcance el grado de titulado universitario superior en la especialidad que esté cursando o se proponga cursar, y siempre que mantenga durante el tiempo que duren sus estudios un rendimiento adecuado a su capacidad”.

De hecho, los Padres Salesianos pagaron sus estudios de Primaria y Secundaria en Candeleda y luego en la Facultad de Derecho de Salamanca. Sin embargo, no aceptaron que  se marchara con una beca Erasmus a Roma para cursar 4º y 5º de la licenciatura.

Versiones diferentes
A partir de ese momento, la interpretación que Carlos Montesinos y los Salesianos hacen del testamento no coincide y dar origen al conflicto a la batalla judicial que ahora ha terminado dando la razón al joven candeledano.

Según los Salesianos, la testadora quería que estudiara Veterinaria, pero él eligió Derecho, y además, de acuerdo con su versión, el testamento ponía límite al número de años que podía repetir. En este sentido, la congregación religiosa pensaba que las notas obtenidas incumplían las condiciones de la testadora, ya que sacó la carrera en seis años.

Por su parte, Montesinos ha defendido en esta historia que tiene la cabeza muy alta al considerar que en ningún momento hizo el vago y que su rendimiento académico ha sido razonable.

Los Padres Salesianos han aceptado la sentencia y aunque tienen posibilidad de recurrirla en instancias superiores, han optado por zanjar la polémica y hacer frente a los 7.000 euros que impone el fallo judicial.