Miguel Hernández y Soraya Blázquez creen que dicho plan "no puede limitarse a la capital y su entorno", sino que "ha de completarse con nuevas actuaciones en el resto de la provincia", para contribuir a "frenar la despoblación".

Estiman que "el compromiso de la Junta con el desarrollo industrial de la provincia debe ser similar al adquirido con los polígonos industriales de Vicolozano, Las Hervencias y La Colilla", que son los incluidos en este proyecto dotado con 34,5 millones de euros (26 de la Junta, 6,5 del Ayuntamiento de Ávila y dos de la Diputación), cuya firma se llevará a cabo en septiembre.

Para los procuradores, la proyección de futuro que puede suponer para Ávila el plan será "insuficiente sin contemplar inversiones en las áreas industriales situadas en otros municipios de la provincia".

A su juicio, la unanimidad registrada en las administraciones locales y provinciales para aprobar el Plan Territorial de Fomento "demuestra la importancia que este asunto tiene para Ávila", de ahí que defiendan que a este consenso "debe corresponder ahora la Junta de Castilla y León, anunciando un plan de inversiones del que se beneficien el resto de polígonos industriales de la provincia".

"Esta provincia cuenta con medios y capacidad suficientes y su desarrollo económico depende en gran parte de la buena marcha de las áreas industriales de sus municipios", han apuntado los dos procuradores socialista, que destacan la "necesidad de que la Junta se comprometa a su potenciación con una financiación adecuada".

Miguel Hernández y Soraya Blázquez defienden la "conveniencia" de que la Junta declare el "impulso de los recursos industriales de que dispone la provincia", teniendo en cuenta el "déficit comercial que arrastra", como consecuencia del "reducido tamaño de sus empresas", así como la "baja especialización y la creciente pérdida de competitividad de éstas".