La media en cuanto a sexos muestra una mayor proporción de hombres (64%) que de mujeres (36%), según se ha conocido con motivo del Día de la Justicia Gratuita que se conmemora el día 12,

En cuanto a los profesionales por provincias, Ávila se encuentra entre las que presentan una mayor proporción de abogados que forman parte del turno de oficio, junto a  Zamora (51%), Palencia (48%) y Salamanca (48%). Les siguen de cerca Segovia (46%), Burgos (45%), Valladolid (43%) y León (41%), mientras que Soria es la provincia con la menor proporción de Castilla y León (31%). 

Los abogados de oficio perciben una retribución media de 143,16 euros por asunto, cantidad muy por debajo de la que se maneja en los despachos y que supone poco menos de un euro más con respecto a los 142,29 que recibía cada letrado en 2018.

Según el presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León (Cacyl), Julio Sanz Orejudo, los abogados del turno llevan años reivindicando que el Estado mejore sus retribuciones y que los pagos no se realicen con retrasos. “En Castilla y León el sentimiento de labor social de la abogacía está muy arraigado, por lo que casi la mitad de los letrados están inscritos en el turno de oficio, que es uno de los pilares fundamentales del Estado de derecho”, ha destacado.

Violencia de género

El turno de oficio del Colegio de Abogados de Ávila recibió en 2019 un 8% menos de asuntos por violencia de género (121) que en el año anterior (131), disminución que también se refleja en el turno general, que baja un 12% con respecto a 2018, pasando de 1.454 a 1.274 solicitudes.

Estos datos afectan a la inversión en asistencia jurídica gratuita en la provincia, que ha caído un 5%, con un total de 506.585 euros frente a los 533.620 de 2018.

De los 1.274 expedientes tramitados en el turno de oficio en 2019 en Ávila, además de los 121 de violencia de género, 613 fueron penales, 267 civiles, 53 contenciosos administrativos, 32 sociales y 188 los que suman los militares, recursos y procedimientos en vía administrativa, entre otros.

El descenso contrasta con que en Castilla y León los asuntos de justicia gratuita por violencia de género subieron en un 3,4% en 2019 respecto al año anterior, pasando de 2.225 a 2.300; mientras que los expedientes del turno de oficio general cayeron un 8,7%, con un total de 43.390 solicitudes tramitadas frente a las 47.532 de 2018.

Las provincias con una mayor bajada de asuntos en el turno general han sido Zamora (29%), Burgos (18%), Ávila (12%) y Palencia (8%), seguidas por Valladolid (5%), Salamanca (4%), León (2%) y Soria (2%), mientras que Segovia ha presentado el único porcentaje positivo de Castilla y León, con un 3%.

Descensio en la inversión

Con respecto a la inversión en 2019 en asistencia jurídica gratuita en la Comunidad, de los 9,6 millones de euros del año anterior se ha pasado a 9,2 millones, por lo que ha disminuido un 4%, un descenso provocado también por la bajada de asuntos. “En Castilla y León necesitamos más juzgados, jueces y fiscales, la racionalización de las oficinas judiciales y el cumplimiento de plazos y obligaciones por parte de todos”, resume el presidente del consejo.

A pesar de que en 2019 el número de asuntos ingresados en los juzgados se mantiene similar al de 2018, no reflejan la situación real que se ha vivido en la Comunidad. “Durante todo el año pasado algunas demandas concretas, como las relacionadas con las cláusulas abusivas incluidas en determinados préstamos hipotecarios, han entrado de forma masiva en los juzgados, pese a que el resto de asuntos judiciales han descendido, lo que se ha traducido a su vez en una bajada de las solicitudes de justicia gratuita”, según el presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León.ç

Demandas 
Los 83 colegios de abogados con presencia en toda España atendieron 1.996.669 asuntos de justicia gratuita durante 2019, lo que supone un incremento del 5,6% con respecto a 2018, cuando los letrados gestionaron 1.890.250.

A través de los colegios de abogados o mediante presentación de escrito en los juzgados, los ciudadanos tramitaron más de un millón de solicitudes de asistencia jurídica gratuita en 2019. Tras el análisis pertinente de estas solicitudes, los colegios remitieron 822.000 expedientes a las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita (organismos dependientes del Ministerio de Justicia en territorio común o de las comunidades autónomas que tienen asumidas las competencias en materia de Justicia), de los que se ratificaron una media del 83%.

Una de las principales recomendaciones del Comité de Expertos del Observatorio de Justicia Gratuita para mejorar el servicio es garantizar el cobro del trabajo efectivamente desarrollado en casos de denegación del beneficio por causas imputables al justiciable. Los especialistas aconsejan también modificar el importe del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) para evitar la exclusión de determinados núcleos familiares, y ampliar las áreas de especialización para los profesionales del turno de oficio con el objetivo de extender esta asistencia a colectivos en situación de especial vulnerabilidad. 

Los expertos recomiendan a su vez revisar los módulos y las bases de compensación, así como los gastos de infraestructura, y aprovechar el borrador de la Ley Orgánica del Derecho de Defensa como instrumento para reforzar el derecho a la asistencia jurídica gratuita.