Los procuradores Miguel Hernández y Soraya Blázquez creen que el dispositivo de la Administración autonómica refleja su "falta de compromiso con la protección del territorio".

Estiman que con el cambio climático, la llegada del calor "se anticipa cada vez más e incluso se prolonga después del periodo estival", lo que en su opinión "aconseja mantener el dispositivo todo el año, no solo durante los tres meses de alto riesgo y emergencia".

En ese tiempo, los socialistas creen que se deberían realizar actuaciones de prevención basadas en la limpieza de montes y en otras tareas para "rentabilizar su interés forestal", lo que además "crearía empleo y asentaría población".

Precariedad

En el ámbito laboral, ambos han coincidido en criticar que el dispositivo esté "fragmentado en numerosas maneras de contratación", provocando que "esté compuesto, cada vez más, por trabajadores de empresas privadas, contratados en la mayoría de las ocasiones en condiciones precarias".

Esta circunstancia hace que en su opinión se trate de un dispositivo "heterogéneo", hasta el punto de que en un mismo incendio "pueden intervenir profesionales de la UME, empleados públicos, contratados temporales y subcontratados".

Por otro lado, los procuradores creen que "la falta de determinación" de la Junta en relación con el coronavirus ha dado lugar a que "los tres meses de confinamiento durante una primavera de abundantes lluvias hayan provocado un aumento de la maleza y vegetación en los montes", los que se traduce en una "situación de peligro ante las temperaturas elevadas".

En este sentido, han lamentado que la Junta "no haya tenido en cuenta a las brigadas de incendios y dispositivos ambientales para actuar durante el confinamiento, a diferencia de lo que ha sucedido en  Galicia y Castilla-La Mancha", donde los agentes medioambientales "sí contribuyeron a la atención y protección de su territorio en los momentos más difíciles".