Hernández y Blázquez han mostrado su "rechazo" a la "reducción de la cuantía de las ayudas" que anualmente convoca el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, dirigidas a entidades locales para la contratación temporal de personas con discapacidad, con el objetivo de realizar de obras y servicios de interés público y utilidad social.

De esta manera, los procuradores socialistas se hacen así eco del "malestar generalizado" que existe en los ayuntamientos tras comprobar que en la convocatoria de las ayudas, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, figura una "drástica disminución, en torno al 50%", de la cuantía que se destinaba a este fin en ejercicios precedentes.

Según los parlamentarios, esta reducción de ayudas "merma las posibilidades de inserción en el mercado de trabajo" de las personas con discapacidad, puesto que "muchos no podrán tener una experiencia laboral, a la vez que impide a los ayuntamientos ejecutar proyectos que contribuyan al desarrollo del medio rural".

Miguel Hernández y Soraya Blázquez han recordado que se trata de una subvención con la que las entidades locales "venían contando a la hora de elaborar sus presupuestos" y "planificar las posibles contrataciones del año".

Por ello, estiman que "este recorte imprevisto" les ocasiona "un indudable trastorno", al margen del "agravio que supone para un colectivo doblemente vulnerable". Estas ayudas, aclaran los socialista, se establecen para apoyar la contratación temporal de desempleados que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%.