La medida ha supuesto la extinción del contrato de 60 orientadores laborales en toda la Comunidad autónoma, de los cuales siete corresponden a la provincia de Ávila.

A juicio del sindicato, con las cifras de paro actuales, “son necesarios todos y cada uno de los orientadores”, de cuyos servicios “no se puede prescindir” puesto que “son las personas cualificadas y con experiencia que realizan las funciones de orientación a los parados”.

Según UGT, la Junta de Castilla y León debe “proceder a modificar las RPT (Relaciones de Puestos de Trabajo) para la creación de los puestos de trabajo existentes y no rescindir contratos como viene haciendo desde junio de 2012”.

En opinión de la central sindical, detrás de la media está “una maniobra más para proceder a desmantelar los Servicios Públicos de Empleo y que los servicios que estos ofrecen a los parados,  pasen a ser prestados por las agencias privadas de colocación y las empresas de empleo temporal”.