Impugnan la extinción de contratos aprobada en el ECyL

La medida ha supuesto la extinción del contrato de 60 orientadores laborales en toda la Comunidad autónoma, de los cuales siete corresponden a la provincia de Ávila.

A juicio del sindicato, con las cifras de paro actuales, “son necesarios todos y cada uno de los orientadores”, de cuyos servicios “no se puede prescindir” puesto que “son las personas cualificadas y con experiencia que realizan las funciones de orientación a los parados”.

Según UGT, la Junta de Castilla y León debe “proceder a modificar las RPT (Relaciones de Puestos de Trabajo) para la creación de los puestos de trabajo existentes y no rescindir contratos como viene haciendo desde junio de 2012”.

En opinión de la central sindical, detrás de la media está “una maniobra más para proceder a desmantelar los Servicios Públicos de Empleo y que los servicios que estos ofrecen a los parados,  pasen a ser prestados por las agencias privadas de colocación y las empresas de empleo temporal”.