En un manifiesto, los primeros ediles de Peñaranda de Bracamonte, Villar de Gallimazo, San Pedro del Arroyo, Crespos y Narros del Castillo (cuyos vecinos se manifestraron hace una semana) piden al Gobierno autonómico que negocie con el Ministerio de Fomento la declaración de la línea como “obligación de servicio público” o, en caso de que sea imposible, “que asuma el coste de la línea”.

“La solución no es suprimir el servicio sino optimizarlo y analizar las causas de no rentabilidad económica, para hacerlo viable”, según el manifiesto firmado por los regidores, quienes temen que la supresión de este tren “sea el inicio para que se cierre la línea”.

Los alcaldes también coinciden en que el tren regional entre Ávila y Salamanca no solo es fundamental para la comunicación del medio rural con ambas capitales sino para la comuncación entre los pueblos afectados.