El secretario general de FeSP-UGT de Ávila, José Carlos Pajares, señala que la solicitud ha sido remitida tanto  a los servicios de prevención tanto de Sacyl, como de la Administración autonómica.

En este sentido, se refiere a las declaraciones de la consejera de Sanidad, Verónica Casado, sobre las mascarillas compradas en China, modelo KN95 de la marca Subolun, que presuntamente "no cumplían con las normas UNE aplicables a estos equipos", varios de cuyos lotes fueron entregados como EPI".

Al respecto, y ante estas sospechas, la Gerencia Regional de Salud envió al Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INHT), la muestra de las mascarillas EPI KN95 para que fueran evaluadas. Señala que en el expediente del INHT consta que la fecha de presentación de la Gerencia Regional de Salud es "un mes después a la entrega y utilización de las mascarillas por el personal", por tanto la "valoración y evaluación" de los equipos se ha realizado "con posterioridad a su entrega al personal objeto de protección".

Sin diligencia

Por ello, Pajares apunta que esta investigación trata de "identificar la situación de riesgo desconocida o infravalorada por la Junta, con la entrega de las mascarillas defectuosas, no habiendo sido todo lo diligente que hubiera sido deseable y exigible de un empleador que quiere y debe proteger la salud de sus trabajadores".

Asimismo, considera que esta investigación debe realizarse con el objetivo de "implantar medidas correctoras para su control en próximas entregas de material", valorando "la existencia de un posible daño para la salud de los trabajadores".

Igualmente, UGT ha solicitado realizar el protocolo que proceda para "garantizar el seguimiento preventivo de la salud de los trabajadores que hubieran utilizado ese material", para que "se puedan evitar riesgos futuros innecesarios".

Además, ha instado a la Junta que investigue "por qué se hizo entrega de un material que no cumplía con las especificaciones técnicas oportunas para la protección y seguridad efectiva del personal", con el objetivo de "identificar y controlar un riesgo desconocido o infravalorado por la Junta".