Alegan que acudieron a la calle Maceros para desarrollar “una acción informativa dirigida al barrio de la senadora, desconociendo por completo el lugar concreto de residencia de su señoría”, cuando un cordón policial no les dejó avanzar por una acera y les dio instrucciones de hacia dónde podían dirigirse.

La queja obedece a la “vulneración” de derecho a “informar y circular por la vía pública”.
“La próxima vez quizá ya no sea una queja, si no directamente un recurso contencioso-administrativo por vulneración de derechos fundamentales, contra la actuación policial, emanada de instrucciones del Gobierno”, señala el escrito, que pide “explicaciones concisas de esta actuación”, y solicita que se adopten “medidas oportunas” y “en contra de actuaciones policiales ilegítimas”.

Alegan que estas actuaciones, “aún pudiendo estar amparadas por instrucciones políticas, no se ajustan a la legalidad vigente, retrotrayéndonos a épocas oscuras de la historia de este país”.

El escrache se produjo el jueves por la mañana, y la veintena de integrantes de la plataforma, ante 16 agentes policiales -entre nacionales y locales-, no pudieron circular por un tramo de acera, pero sí por el resto de calle y el barrio para exponer los casos de afectados por las hipotecas.