“El nuevo juzgado ha quedado en un juez”

“Lo único -ha reconocido- que hemos podido conseguir, después de mucho luchar, es un juez de refuerzo con carácter temporal de un año, que es probable que se prorrogue en el tiempo”. El juez, que ha comenzado a trabajar hace unos días, servirá de apoyo a los cuatro juzgados de instrucción para juicios de faltas. “Todos ellos lo necesitaban”, ha indicado.

Juez de carrera y procedente de Santa María la Real de Nieva (Segovia), su llegada coincide con la marcha temporal del juez de lo Penal y del titular del número 4.

“Nuestro anhelo es el quinto juzgado, no nos vamos a olvidar”, ha dicho, para indicar que la explicación que se les ha ofrecido es la de “las dificultades económicas y la necesidad de reestructurar el ámbito de la Justicia”, sin embargo ha apuntado que “no se ve que el Gobierno” la aborde, “sino todo lo contrario, está generando conflictividad”, y ha citado el cambio en el Consejo General del Poder Judicial, que “va a ser más de lo mismo, sin conceder la independencia tan anunciada”.

Casillas ha reconocido que el nuevo juez supondrá una “descarga de trabajo para el resto”, pero también ha opinado que los dos jueces que se han desplazado por un año “quizá” lo hayan hecho por la “excesiva carga de trabajo”, aludiendo a la necesidad de crear un segundo juzgado de lo Penal.

Descenso de litigios
En este sentido, Casillas ha sido muy crítico con la Ley de Tasas, y ha acusado al Gobierno de “pretender evitar el acceso a la justicia poniendo trabas importantes”, lo que ha derivado en “una gran preocupación de la abogacía por la privación de derechos en una clara y manifiesta intención de impedir el acceso a la justicia”.

El decano ha cifrado en un 60 por ciento el descenso de litigios desde que ha entrado en vigor la Ley de Tasas: “es un hándicap muy importante que para interponer recurso tengas que pagar una tasa y todo el mundo no puede hacerlo”.

Ha apuntado a la “verdadera situación de dificultades económicas”, en la que los ciudadanos ven “materialmente imposible” que por 5.000 ó 6.000 euros -la mayor parte de litigios no superan estas cifras- se interpongan recursos de apelación que van a costar 800. “Es una privación absoluta de la tutela judicial efectiva y eso hay que denunciarlo”, ha dicho, pidiendo al Gobierno rectifique y decida qué modelo de justicia quiere.