Estas ayudas, enmarcadas dentro del Diálogo Social, pretenden apoyar a las familias que deben cuidar a menores de 12 años, personas dependientes o que padezcan algún tipo de enfermedad.

Las solicitudes pueden presentarse desde el lunes de forma telemática en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, aunque también de forma presencial en la Delegación Territorial en el Monasterio de Santa Ana y el punto de atención al ciudadano de la Junta en Arenas de San Pedro.

En esta convocatoria se incorporan la totalidad de los supuestos de reducción de jornada previstos en el Estatuto de los Trabajadores y los de excedencia para cuidado de hijos o hijas a cargo o cuidado de un familiar enfermo. También se fomenta la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres para el acceso y permanencia en el mercado laboral potenciando la corresponsabilidad: si los permisos los comparten ambos progenitores, la cuantía se incrementa 1.000 euros más (la cuantía máxima ordinaria son 1.500 euros por persona que se acoja a la reducción de jornada), de forma que el total máximo que podrían percibir es de 4.000 euros.

La Junta atiende las circunstancias específicas de las familias monoparentales y de las familias numerosas, incrementando la cuantía de la subvención en 1.000 euros más. De esta manera, las familias monoparentales percibirán como máximo 2.500 euros y las familias numerosas, 4.000 euros.

También se admiten solicitudes de reducción de jornada de al menos un 40% (en lugar del 50%), se permite una reducción de jornada de un mes (para el resto es de seis meses) y si existe un ERTE, se interrumpen los plazos. Asimismo, se admiten solicitudes de excedencias por un mes (tres meses para el resto) y la cuantía a percibir será de 250 euros al mes más 150 euros para familias monoparentales y familias numerosas.

Por otra parte, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente abre el jueves 14 el plazo de solicitud de una nueva línea puntual de ayudas al alquiler para personas arrendatarias de vivienda habitual en situación de vulnerabilidad que, como consecuencia de la Covid-19, tengan dificultades transitorias para pagar su contrato de alquiler o para devolver las ayudas transitorias de financiación puestas en marcha por el Gobierno de España.