Son mascarillas que contaban con los certificados pertinentes de homologación, si bien ante las sospechas, advertidas por sanitarios, de no reunir las condiciones de seguridad, fueron analizadas. El Centro Nacional de Medidas de Protección, dependiente del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, emitió un informe negativo, según ha explicado la consejera de Sanidad, Verónica Casado.

El modelo de mascarilla es el Subolun KN95, fabricado por Anhui Subulun Garment y distribuido por Shanghai Huanbiao. Fueron adquiridas a comienzos de abril. El Ayuntamiento de Ávila las retiró el viernes por la tarde sin que se hubieran utilizado por Policía Local y Bomberos, adonde llegó una partida de un millar desde la Agencia de Protección  Civil de Castilla y León

“Cuando las compramos y las recibimos estaban con los certificados de garantía correspondientes, o sea, estaban homologadas por la norma GB2626-2006 equivalente a la norma europea 1149-2001 para las mascarillas FFP2”, ha explicado. “Empezaron a llegarnos algunas quejas a través de los servicios de prevención de varios centros asistenciales y por ese motivo las enviamos al Centro Nacional de Medidas de Protección”, ha indicado, porque “ya había pasado esto a otras comunidades autónomas y al ministerio”.

Dudas

Las mascarillas estaban homologadas por las autoridades chinas, “es decir, ellos tienen institutos que son los que hacen la homologación y son los que determinan la certificación, y venían con los certificados oportunos”, ha manifestado, y ante las “dudas” de los profesionales sobre “la oportunidad, capacidad, pertinencia y fiabilidad”, se pidió el estudio, lo que se va a hacer con más marcas de este material de protección.

La Junta pidió el informe sobre las mascarillas el 29 de abril y los resultados se recibieron el jueves, ordenando la retirada el viernes a las 7,15 horas, lo que se hizo extensivo “a toda la compra hecha a este fabricante porque queríamos tener mucha más seguridad, lo que nos ha llevado a retirar 1.080.000 unidades de la misma marca de otros modelos”. La Junta estudiará medidas a tomar contra la empresa.

“Algunas de las 20.000 no estaban ni repartidas, pero se ha dicho a todos los servicios de prevención de los diferentes centros que hagan un seguimiento exhaustivo de los profesionales que han podido utilizarlas”, ha señalado la consejera. El resto de 1.080.000 mascarillas, de otro modelo, son del mismo fabtricante.

“Si un profesional sospecha que ha utilizado esta mascarilla” debe ponerse en contacto con el servicio de prevención para llevar a cabo un seguimiento. Si hay sanitarios afectados se determinará si el riesgo es bajo, medio o alto, y a la práctica de las pruebas oportunas.

La consejera ha destacado el papel de la Junta en este caso, diciendo que no ha habido “negligencia” en la actuación por parte de la Administración.