Así lo establece el real decreto Ley aprobado en el último Consejo de Ministros, que garantiza el derecho de los habitantes del medio rural al acceso a la Justicia

El PSOE solicita al PP que convalide dicho real decreto, porque de lo contrario se cerrarán en el ámbito rural las oficinas de Registro Civil y las secretarías de agrupaciones de juzgados de paz.

El portavoz del Grupo Socialista en la Diputación ha expresado su satisfacción tras la aprobación en el Consejo de Ministros de un Real Decreto Ley que permite a los habitantes del medio rural  de esta provincia conservar su derecho al acceso a la Justicia, puesto que implica el mantenimiento de las actuales oficinas del Registro Civil, los juzgados de paz y las agrupaciones de aecretarías de juzgados de paz.

En concreto, la disposición final segunda del Real Decreto Ley 16/2020 aprobado este martes modifica la Disposición final décima de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, estableciendo que la entrada en vigor de esta normativa se retrasa hasta el 30 de abril de 2021.

Muñoz ha destacado que se despejan así las dudas sobre la aplicación de la mencionada Ley, evitándose el cierre de las actuales Oficinas de Registro Civil en todas las medianas y pequeñas poblaciones, que seguirán siendo depositarias de una parte de su historia, la que representan los libros de nacimientos, matrimonios y defunciones.

Atención personal

También permite que sus habitantes salvaguarden la atención personal que reciben en los juzgados de paz y en las agrupaciones de secretarías de juzgados de paz, favoreciéndose, por tanto, la cercanía con la Administración de Justicia, circunstancia esencial en la crisis sanitaria que atravesamos, sobre todo por las limitaciones de movilidad que se han establecido, según ha subrayado el portavoz del PSOE.

La aprobación del Real Decreto Ley evita igualmente la pérdida de los puestos de trabajo en el ámbito rural abulense que supondría la entrada en vigor inmediata de la Ley del Registro Civil, puesto que en todas estas agrupaciones hay funcionarios de la Administración de Justicia que se habrían visto obligados a cambiar de destino: dos en las más pequeñas y 4 en la mayor de ellas, Cebreros.

La decisión del Consejo de Ministros, ha indicado Pedro Muñoz, da respuesta también a las demandas y preocupaciones expresadas por numerosos municipios de la provincia, que venían reclamando iniciativas legales para determinar una nueva prórroga, advirtiendo, en caso contrario, del perjuicio que ocasionaría la entrada en vigor de la Ley.

Además, en el pleno de la Diputación del pasado enero, el Grupo Socialista presentó una moción, finalmente aprobada por unanimidad, en la que se pedía el mantenimiento de la actual planta y demarcación de los Registros Civiles, y las funciones de los 193 Juzgados de Paz, así como de las 13 agrupaciones de Secretarías de Juzgados de Paz de la provincia.

En concreto, estas secretarías se ubican en Cebreros, Madrigal de las Altas Torres, Candeleda, Pedro Bernardo, Mombeltrán, El Barco de Ávila, Fontiveros, Sotillo de la Adrada, La Horcajada, Muñana, Mingorría, Navarredonda de Gredos y Solosancho, que suman entre todos cerca de 73.642 habitantes, el 73,7% de la población rural abulense.