Vox pide que la fiscalía esclarezca los índices de mortandad y adoptar medidas

Advierten que si bien la población mayor "es más sensible a sufrir los estragos del coronavirus", en España el problema se ha agravado "por la falta de pruebas de detección de virus". Añaden que se ha dado una "falta de material sanitario en los centros de mayores", que se ha vivido un retraso en la adopción de medidas y que “se han dado directrices en varias comunidades para que no sean atendidos en los hospitales, pese a ser un grupo de alto riesgo".

En las denuncias Vox destaca "la diferencia existente entre las cifras reales de fallecidos y las que aparecen recogidas en las estadísticas oficiales", y aseguran que en comunidades como Castilla y León, Madrid o Cataluña "los fallecidos en las residencias no se están computando como fallecidos por coronavirus", por lo que “las cifras oficiales quedan alteradas y no se puedan tomar las medidas adecuadas al tiempo epidemiológico".

Derechos de los ciudadanos

Al presentar las denuncias han esgrimido que las fiscalías provinciales tienen competencia en materias de salvaguarda de derechos de los ciudadanos, "como es el derecho a la vida, a la integridad física y a la salud", y por eso les exige que tomen medidas urgentes como que cursen orden a las autoridades competentes para que se proceda a la inspección y el saneamiento periódico de todas las residencias de ancianos, independientemente de su titularidad.

Además, en el escrito exigen que se hagan test de detección a todos los residentes y al personal de las residencias de ancianos para poder establecer las medidas de tratamiento y en su caso el ingreso hospitalario cuando sea necesario.

También solicitan que se actualicen "de manera inmediata los datos reales de afectados y fallecidos para que se pueda luchar correctamente contra la extensión" de la Covid-19, por lo que indican que se deben solicitar los datos de los fallecidos por coronavirus y de los "posibles" casos a los registros civiles, funerarias e institutos forenses, y que se expidan los correspondientes certificados médicos y se investigue de manera detallada la asistencia médica recibida por ancianos fallecidos en centros de mayores y domicilios particulares.

A la vez instan a las fiscalías a que investiguen la forma en que se produjo esa atención dispensada, si se hizo conforme a los protocolos, y que analice los plazos de respuesta y la explicación de por qué no hubo asistencia hospitalaria en los casos en los que no tuvo lugar.