Creen que se trata de “una arriesgada medida que atiende más a intereses económicos que a los propios de la salud de los ciudadanos”.

Advierten que la 'Guía de buenas prácticas' publicada el 11 de abril, entre otras cosas, ignora a las unidades de Salud Laboral y responsabiliza a médicos de familia, “una decisión que sin acceso a herramientas esenciales como son los test rápidos de anticuerpos, antígenos y de PCR, dejan como únicos criterios la edad (de forma indefinida), el embarazo y algunas afecciones médicas como determinantes para decidir quien puede o no ir a trabajar y gestionar la incapacidad temporal, siempre por iniciativa del propio trabajador”.

También llaman la atención de que el aumento del riesgo de transmisión comunitaria de la enfermedad por pacientes asintomáticos o infradiagnosticados “pone en riesgo la salud pública de nuestra nación, ya que tensiona aún más la capacidad de resolución de nuestro sistema sanitario y, si nos afectara una nueva ola de casos, llevaría al extremo el esfuerzo de los profesionales”.

Según el órgano colegial de los facultativos, “hasta el momento, el confinamiento, la higiene de manos y el aislamiento social son las únicas medidas que han demostrado su eficacia para disminuir el incremento de casos y permitir un cierto deshago a los recursos sanitarios de las unidades de críticos”.

También critican que “aún no se ha hecho publico ningún informe de expertos que avale la oportunidad de desescalar el confinamiento en este momento”.