Se trata de dos líneas de financiación para hacer frente a necesidades de carácter social que puedan surgir como consecuencia del coronavirus. De esta manera, se ratifican las cantidades económicas que, en su momento fueron comunicadas a dichas entidades locales, con el objetivo de que pudieran ir planificando las actuaciones precisas.

Por un lado, la Diputación abulense recibe 574.000 euros, de los que 78.762 son para el derecho básico de alimentación de niños en situación de vulnerabilidad que se encuentran afectados por el cierre de centros educativos por la pandemia, y 495.238 son del Fondo Social Extraordinario destinado exclusivamente a las consecuencias sociales de la pandemia.

En el caso del Ayuntamiento, recibe 209.409 euros: 59.350 para alimentación de niños afectados por el cierre de colegios, y 150.059 como Fondo Social Extraordinario destinado exclusivamente a las consecuencias sociales de la Covid-19.

En total, una de las líneas de ayuda contempla una partida de 1.768.250 euros, destinados a garantizar el derecho básico de alimentación de niños y niñas en situación de vulnerabilidad que se encuentran afectados por el cierre de centros educativos debido a la pandemia del coronavirus. Se ha repartido entre las corporaciones locales con competencia en servicios sociales. Su distribución se ha realizado en función del número de niños con domicilio en el ámbito de actuación de cada una de dichas entidades locales y que estaban accediendo al comedor escolar de manera gratuita por causas económicas.

Servicios de proximidad

Por otro lado, nueve millones de euros son del Fondo Social Extraordinario destinado exclusivamente a las consecuencias sociales del coronavirus, que servirán para reforzar los servicios de proximidad de carácter domiciliario y para garantizar los cuidados, el apoyo, la vinculación al entorno, la seguridad y la alimentación, especialmente los dirigidos a personas mayores, con discapacidad o en situación de dependencia, compensando así el cierre de comedores, centros de día, centros ocupacionales y otros servicios similares.

Estos fondos también se podrán destinar a incrementar y reforzar el funcionamiento de los dispositivos de teleasistencia domiciliaria; trasladar al ámbito domiciliario los servicios de rehabilitación, terapia ocupacional, higiene, y otros similares; reforzar los dispositivos de atención a personas sin hogar, las plantillas de centros de Servicios Sociales y centros residenciales en caso de que sea necesario realizar sustituciones; adquisición de medios de prevención (EPI); ampliar la dotación de las partidas destinadas a garantizar ingresos suficientes a las familias, para asegurar la cobertura de sus necesidades básicas.

En cuanto a este Fondo Social Extraordinario, siete millones se han  repartido entre las 24 corporaciones locales de manera proporcional a lo recibido para este año 2020 en el Acuerdo Marco, y los otros dos millones restantes servirán para financiar el esfuerzo económico que tienen que realizar las corporaciones locales que disponen de centros residenciales de personas mayores y de personas con discapacidad, distribuyéndose la cuantía de manera proporcional a las plazas financiadas este año en el Acuerdo Marco.

El Acuerdo Marco de Cofinanciación de Servicios Sociales es el instrumento de colaboración y coordinación entre la Junta y las corporaciones locales, para la financiación de las prestaciones sociales que han de llevarse a cabo por las entidades locales. Es un instrumento que, además de dotarlas de financiación, garantiza la estabilidad, continuidad y homogeneidad en la atención a las personas más vulnerables de Castilla y León, aprovechando la proximidad de los profesionales a los usuarios, evitando de esta forma, duplicidades. En él participan los nueve ayuntamientos capital de provincia, las nueve diputaciones provinciales y los ayuntamientos de Aranda de Duero, Miranda de Ebro, San Andrés del Rabanedo, Ponferrada, Medina del Campo y Laguna de Duero, que tienen más de 20.000 habitantes.