Manuel Vicente quiere que Miguel Ángel García Nieto explique por qué respaldó una declaración que “ahora la Fiscalía considera que podría atentar contra la ley y puede incitar a la ilegalidad”, ya que la actual legislación determina la protección estricta del lobo al sur del Duero. 

Tras recordar que la moción para declarar el término municipal libre de lobos fue aprobada por PP y PSOE, la abstención de UPyD y el voto en contra de IU, señala que entonces ya manifestó que la medida “podría desencadenar una caza indiscriminada de lobos y ser contraria a la legalidad”, lo que suponía pretender una iniciativa “a espaldas de la normativa europea”.

Según la formación magenta, “la solución pasa por que la Junta de Castilla y León asuma los costes generados por el lobo en la cabaña ganadera, incluyendo el pago de reses muertas y el lucro cesante, así como todos los daños que implique la conservación de esta especie”.

El de la capital es uno de los 96 consistotios de la provincia que han aprobado la moción de la Alianza por la Unidad del Campo UPA-COAG.