En la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León ha comparecido el presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, donde ha presentado el proyecto del Plan Anual de Fiscalizaciones 2020 y la fiscalización del Ayuntamiento de la capital abulense.

La fiscalización de determinadas áreas del Ayuntamiento de Ávila, ejercicio 2015, corresponde al Plan de Fiscalizaciones de 2016 y contiene datos actualizados, habiendo sido la segunda capital de provincia de Castilla y León analizada por el órgano de control tras Palencia. En la actualidad se ha finalizado la fiscalización del Ayuntamiento de Burgos, pendiente de comparecencia, y se están concluyendo las de León y Valladolid.

Conclusiones

Las principales conclusiones del informe de Ávila en las que se sustenta la opinión del Consejo de Cuentas son las siguientes:

-El Ayuntamiento cumple con carácter general los objetivos de estabilidad presupuestaria y regla de gasto, si bien no destinó el superávit presupuestario, cifrado en 876.221 euros, a reducir su endeudamiento, como establece la normativa.

-Con carácter general, cumple con la normativa en materia de endeudamiento, sostenibilidad financiera y límite de deuda. Los 43,5 millones de euros en concepto de deuda que constan tras aprobarse el presupuesto de 2015 suponen un 86% de los ingresos corrientes previstos. En la liquidación se establece una deuda viva de 39,5 millones, un porcentaje del 81% de los recursos corrientes. La evolución mensual del periodo medio de pago se sitúa en un intervalo entre los 24 y 30 días, es decir dentro del plazo legalmente establecido.

-La contabilidad del Ayuntamiento no permite determinar el coste y rendimiento de los servicios públicos, lo que resta fiabilidad a la información sobre costes incluida en la memoria que acompaña a la Cuenta General.

-En materia de subvenciones, con carácter general se incumple la normativa aplicable. El ayuntamiento no dispone de un Plan Estratégico de Subvenciones ni de un sistema de seguimiento de las mismas que permita valorar los resultados y los niveles de eficacia y eficiencia en dicha gestión.

Según estas conclusiones, el Consejo de Cuentas recoge en su informe tres tipos de recomendaciones: sobre la estabilidad presupuestaria; sobre la utilización de la cuenta de acreedores pendientes de aplicar a presupuesto y los derechos pendientes de cobro del remanente de tesorería; sobre el endeudamiento; sobre el coste y rendimiento de los servicios públicos, y sobre el análisis de las subvenciones concedidas.

De las 13 recomendaciones emitidas por el consejo, nueve han sido corregidas parcial o totalmente y 4 no habían sido aplicadas un año después aunque, de estas, tres fueron tomadas en consideración. En consecuencia, entre las aplicadas y las tomadas en consideración han sido aceptadas por el Ayuntamiento de Ávila 12 de las 13 recomendaciones, discrepando solo en una de ellas.

Datos actualizados
De los tres entes dependientes por control efectivo del ayuntamiento que figuraban en 2015, tan solo queda uno: la sociedad dependiente Exposiciones y Congresos Adaja, disolviéndose la Fundación de Estudios Místicos y el Patronato de Deportes.

En 2017 y 2018 el ayuntamiento ha cumplido con los objetivos de estabilidad presupuestaria y regla de gasto. En estos mismos ejercicios se mantiene un remanente de tesorería para gastos generales positivo, si bien en 2018 ha experimentado una disminución, situándose en 452.993 euros.

En cuanto al endeudamiento, el porcentaje de deuda viva sobre los recursos corrientes liquidados se situaría, a 31 de diciembre de 2018, alrededor el 71%, siendo inferior al del ejercicio fiscalizado (81%), cumpliéndose en todo caso con el principio de sostenibilidad de la deuda financiera y no concertándose operaciones de crédito a largo plazo en los ejercicios 2016 y 2017.

En relación al periodo medio de pago a proveedores, en 2018 se sitúan en todo caso por debajo de los 30 días, también en 2019, salvo en el mes de febrero.

En materia de subvenciones, el Ayuntamiento ha aprobado una ordenanza (BOP 18 mayo 2018) acorde con la recomendación efectuada por el consejo, aunque se ha podido comprobar que no ha cumplido con la obligación normativa de facilitar a la Intervención General de la Administración del Estado información sobre las subvenciones gestionadas.