Dicho trabajo ha sido desarrollado por el vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la  Universidad Católica de Ávila, Sergio Luis Náñez, quien calcula que el ahorro medio por declarante rondaría los 2.000 euros.

De eser así, los abulenses dejarían de aportar a las arcas de la Junta cerca de nueve  millones de euros anuales por este impuesto.

Náñez ha explicado que en el caso de Ávila, aproximadamente 4.000 personas podrían verse beneficiadas anualmente, teniendo en cuenta la media de los declarantes anuales del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en la provincia durante los últimos diez años.

De salir adelante el anteproyecto, supondrá que “la práctica totalidad de los sujetos afectados por la medida tributarán una cantidad mínima por esta figura”. En términos monetarios, esto supone una media de 2.057,22 euros por declarante, que dejarán de ser pagados, e ingresados por la Junta de Castila y León.

Esta cifra se ha obtenido aplicando el 99% de reducción a los 2.078 euros, que es la media de euros recaudados por declarante y año en la provincia de Ávila entre 2008 y 2018.

En el cálculo realizado, no se incluyen las declaraciones complementarias, ni las liquidadas en el ejercicio correspondiente, estando pendientes de liquidar de ejercicios anteriores. Para poder llevar a cabo el análisis, Náñez ha considerado que todos los declarantes podrían aplicar la medida reductora.

A su vez, esta medida implicará que la provincia de Ávila dejará de aportar una media de 8.063.123 euros anuales al presupuesto de la Junta de Castilla y León.