Piden reclamar a la anterior alcaldesa el medio millón que debe pagar el Ayuntamiento

La Asamblea Local de Izquierda Unida de Ávila ha indicado que “deben” ser los “responsables directos” de esos actos quienes asuman un coste que, de lo contrario, deberán asumir las arcas municipales y, por ende, el bolsillo de todos los arenenses. Con ello se refiera a quien era alcaldesa en 2007, ahora concejala y senadora, Carmen de Aragón, y a los integrantes de su equipo de Gobierno.

Esta reclamación corresponde, según ha recordado IU, a una sentencia judicial que obliga al Consistorio arenense a indemnizar a una empresa por la concesión de una licencia ilegal en 2007, que desoyó el informe de la Comisión Territorial de Urbanismo de Ávila.

Los hechos se remontan al año 2006, cuando el pleno del Ayuntamiento de Arenas de San Pedro acordó una rectificación de errores en una unidad de ejecución de las Normas Subsidiarias del municipio sin ser competente para ello.

Días antes de concluir el periodo de transición del Gobierno municipal, el equipo de Gobierno que presidía De Aragón concedió una licencia para construir en una parcela de la mencionada unidad de ejecución, licencia que fue recurrida por IU.

Informe de Urbanismo
Pese al informe de la Comisión Territorial de Urbanismo y al recurso de IU, no se rectificó, por lo que el siguiente equipo de Gobierno, del PSOE e IU, declaró “lesiva” la licencia para “defender” los derechos de los vecinos afectados, que iban a denunciar al Ayuntamiento si no se anulaba la licencia.

Los tribunales declararon después ilegal dicha licencia y, en 2009, la promotora titular de la licencia pidió una indemnización por “lesión patrimonial” que, tras el juicio, obligaron al Consistorio a pagar 508.105,47 euros.

IU ha recordado que la Ley de Régimen Local y el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales estipula que los miembros de las corporaciones están sujetos a responsabilidad civil y penal por actos y omisiones realizados en el ejercicio de su cargo.

Igualmente destacan que de los acuerdos de los órganos colegiados de las corporaciones locales serán “responsables aquellos de sus miembros que las hubieran votado favorablemente”, por lo creen que deberían ser estas personas quienes se hagan cargo de la indemnización.