En este sentido, García ha registrado una pregunta por escrito al Gobierno en la que insta al Ejecutivo a “revelar sus intenciones” respecto a la “posible entrada en vigor sin adaptación alguna de la Ley 20/2011, de 21 de julio, cuando venza la prórroga en la que se encuentra el texto, el próximo 30 de junio”. 

En este sentido, la diputada solicita al Ejecutivo central que “mantenga los registros civiles y juzgados de paz” y que “adopte las medidas necesarias, antes del 30 de junio, que preserven la naturaleza del Registro Civil como un servicio público y gratuito y garanticen el acceso a todos los ciudadanos con una red de oficinas próxima en la provincia”.

Igualmente, Alicia García plantea la necesidad de “impulsar el acceso al registro mediante servicios electrónicos en la provincia.

En el caso de que esa entrada en vigor se produzca dentro de cinco meses y medio, pregunta por las "previsiones del ministerio respecto al personal de Administración de Justicia y los puestos de trabajo que se verían afectados por la supresión de oficinas del Registro Civil en Ávila".

Asimismo, pregunta por el funcionario que “será el encargado de los registros civiles”, así como por las previsiones "respecto a los juzgados de paz abulenses" y por la estrategia del Gobierno para "garantizar el acceso al Registro Civil, en igualdad de condiciones a todos los españoles, ya vivan en pequeños, medianos o grandes municipios". 

No tocar los registros

Ante esta situación, el Grupo Popular en el Congreso ha tomado dos iniciativas. La primera, volver a presentar la proposición de ley para adaptar la Ley del Registro con el fin de que "no toque la red de oficinas y encargue a los letrados de la Administración de Justicia la gestión del Registro, y la segunda dirigiendo preguntas al Gobierno para conocer qué se está haciendo para evitar el cierre.

Según García, esa "ausencia de decisiones preocupa al personal de Administración de Justicia, a sindicatos, asociaciones de letrados, alcaldes y jueces de paz y también al Grupo popular".

El PP plantea la necesidad de que el Gobierno haga “los necesarios y urgentes cambios en el texto legal, ofreciendo con esa proposición de ley una vía ágil para facilitar la necesaria adaptación y evitar el cierre de los registros civiles que tanto daño haría a los municipios".