De este modo ha salido al paso de las acusaciones del portavoz socialista cuando acusó de que se trataba de contrataciones a dedo. Burgos ha explicado que se trata de un proceso puesto en marcha por el ECYL para todas las diputaciones, de tal forma que los contratos y el proceso de selección lo realiza el Servicio Público de Empleo.

La primera preselección ha sido realizada por el ECYL con sus requisitos, de lo que se ha dado cuenta en la Comisión de Empleo celebrada el martes, donde se indicó que el organismo de la Junta debe designar a tres miembros del tribunal seleccionador, entre ellos el jefe del Servicio Público de Empleo, y dos la institución provincial.

El vicepresidente ha destacado que “se van a cumplir todos los trámites” y en la Junta de Gobierno que se celebre el lunes se analizará si es conveniente convocar la Comisión de Personal solicitada por el PSOE. “Si se ha hecho mal, se corrige”, ha afirmado.

Burgos ha criticado que el portavoz socialista dijera que quienes formasen parte del tribunal podrían incurrir en un delito de prevaricación: “él no puede amenazar a los trabajadores, eso no se debe consentir en democracia y menos por algo que no se ha producido, porque pone en entredicho su nombre, el de los trabajadores de la Diputación y su trabajo, y el de quienes participan en el proceso”. “Intentar meter miedo al personal es un delito de amenazas”, ha subrayado.

Este asunto fue sacado a la luz el portavoz socialista, al criticar que una de las dos personas que la Diputación designase para formar parte del tribunal no fuera funcionaria, sino de libre designación en la institución provincial, como es Carmen Jiménez Navarro, que es concejala en el Ayuntamiento.