Por eso, la parlamentaria abulense cree que la Junta de favorece al sector privado en detrimento del público, cuando mantiene inutilizadas más de cien camas en la residencia de Ávila, obligando a que se deriven personas dependientes a residencias privadas, donde la calidad de la atención es distinta.

Según Blázquez, la Junta de Castilla y León lleva 10 años, desde que se aprobó la Ley de Dependencia, inventando excusas para no cumplir con los mayores, puesto que ni se han reconvertido plazas para dependientes ni se ha dotado suficientemente a las residencias de mayores para aumentar el número de plazas necesario para atender de forma adecuada a los mayores. De este modo la procuraora socialista ha respondido a las promesas de la consejera de Familia, Isabel Blanco.