En virtud del Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de las Aguas (1995-2005), en el primer caso, la gestión correspondía al Gobierno de España, a través de la  Confederación Hidrográfica del Tajo, y en el segundo a la Junta de Castilla y León, que ahora deberá derruir la depuradora de Cepeda de la Mora por haberla levantado en zona de policía del río.

La situación de las depuradoras ha sido debatida en el pleno de la Diputación gracias a una moción de UPyD, que ha contado con el respaldo de todos los grupos políticos, excepto por IU.

En el debate se ha abordado también el canon que deben pagar los ayuntamientos y que podría no ajustarse a la situación actual, ya que se cobra como si las depuradoras estuvieran funcionando correctamente, algo que no sucede en la actualidad.

Sanidad
Los socialistas llevaron al pleno una moción para que la Diputación se “ponga frontalmente” a la reducción de servicios sanitarios  en el Centro de Especialidades de Arenas de San Pedro y que se restablezcan los que ya se han suprimido.

La oposición votó a favor, pero el equipo de Gobierno se opuso, ya que el portavoz, Ignacio Burgos, negó que se haya producido ninguna merma en los servicios.