La denuncia de “discriminación”, que afecta también a las otras entidades de ahorro pequeñas ahora integradas en Bankia, la ha formulado el PSOE a través de su secretario general, Tomás Blanco, y el senador, José María Burgos, que han anunciado iniciativas parlamentarias para tratar de corregir esta situación.

Para Blanco, “si hubo mala praxis en la venta de preferentes, en el caso de Caja Ávila fue doble, ya que no sólo se vendieron productos tóxicos sino que se obligó a convertirlas en acciones, un paso que Caja Madrid no aceptó y por el que esos compradores sí podrán acudir al arbitraje”.

También ha demandado al presidente del PP, Antolín Sanz que, como senador y presidente provincial del PP, explique “por qué no se habilita la vía del arbitraje para los accionistas de Bankia procedentes de Caja Ávila”, para los que ha pedido "los mismos derechos" que en Caja Madrid.