Tras calificar como “fuera de tono” las críticas de Alberto Sánchez, Miguel Ángel García Nieto ha indicado que los 16 euros al año de la tasa suponen 1,3 euros al mes “por reciclar lo que uno genera”, que “va a servir para conservar el medio ambiente urbano y este mundo dejárselo a los que vengan en mejores condiciones”.

“No creo que sea un impuesto revolucionario, ni mucho menos”, ha afirmado, a la vez que ha reconocido que supone un esfuerzo.

“Lo tenemos que pagar, no hay solución, es lo que cuesta”, ha señalado, para referirse a la necesidad de ajustar los precios a sus costes: “a partir de ahora hay que empezar a acostumbrarnos a que tenemos que pagar, porque así lo dicen las leyes, y no como antes, que poníamos precios políticos a las cosas”. “Tenemos que pagar lo que cuestan los servicios”, ha resumido.

“Es cierto que es pedir un esfuerzo en época de crisis”, ha reconocido, para detallar el importe mensual de la tasa: “no creo que sea un impuesto revolucionario pedir 1,3 euros por familia, por vivienda, al mes”.

Recogida de firmas
En la plataforma ciudadana Change se ha registrado una petición para impugnar la tasa, para la que se recogen firmas a instancias de un ciudadano, Felipe Martín, quien pretende dejar sin efecto el gravamen, alegando que se ha dividido en dos el impuesto de recogida de basuras y reciclado. La petición está dirigida tanto al presidente de la Diputación como alcalde de la ciudad.

El autor de la petición dice que es “fruto de la indignación que despiertan distintas iniciativas planteadas últimamente en lo política local y provincial, faltando gravemente a nuestra inteligencia”.

“Mi posición -explica- es que si han de subir un impuesto, que lo digan sin más y no utilicen estrategias de engaño como la que se plantea aquí”. En lo que considera una “petición abierta y libre” no da importancia a que lo haya efectuado él: “simplemente alguien tenía que ponerla en marcha”.