Esto se produce porque el Gobierno de España tiene que decidir este mes la fecha de finalización de dichos peajes, que “puede variar en función de lo que determine el Gobierno”, entre 2024 y 2029.

El partido, que antes fue plataforma, pide que el Gobierno recoja “el sentir mayoritario de los ciudadanos abulenses”, que se sienten “discriminados”.

Según ha recordado Julio Huerta, portavoz del partido, la Comisión Europea determinó que la fecha de finalización de los peajes debe determinarse entre 2024 y 2029, la indemnización que deberá pagar a la concesionaria de los peajes por la reducción de siete años en la concesión y fijar una nueva concesión y licitación de esos siete años a partir de haber determinado el año de finalización de la ampliación de la concesión.

El escrito de este partido pide al subdelegado que ““trate de influir, dando ejemplo de su preocupación por los intereses de los abulenses, para que en esas próximas decisiones el Gobierno fije la terminación de los peajes de las autopistas AP-51, AP-61 y AP-6 en el año 2024”, para que esos siete años no se otorguen a ninguna concesionaria, sino que sea el Estado el que lo explote, “dejando ya por fin las citadas autopistas libres de peajes”.

Comisión Europea

Así, han recordado un párrafo del escrito que la Comisión Europea envió a Ávila Libre de Peajes: “Sobre esta base, si las autoridades españolas deciden prestar los servicios directamente al público y no externalizar su prestación mediante una concesión a un tercero, tendrían derecho a hacerlo. Por otra parte, si deciden continuar con la prestación de los servicios mediante una concesión, tendrían que recurrir a un procedimiento de contratación compatible con las normas establecidas en la Directiva de concesiones. La decisión debe adoptarse a nivel del Estado miembro o del órgano de contratación pertinente”. 

La petición registrada afirma que la construcción de las autopistas AP-51 y AP-61 están amortizadas desde aproximadamente 2010; y recuerda la proposición no de ley aprobada en las Cortes de Castilla y León en 2018, que exigía que “una vez que se cumpla la concesión de las actuales autopistas de peaje reseñadas no se volverán a prorrogar y no se sacará una nueva concesión, por lo que a partir de ese día los que circulen por ellas lo harán libre de peajes, por lo que se debería de entender que esos siete años que tiene la facultad el Gobierno de quedarse con la concesión ésta sea gratuita”.

También señalan la discriminación y el “agravio histórico” hacia los abulenses respecto a provincias próximas histórica con Ávila” en cuanto a inversión en infraestructuras.como Toledo, Guadalajara o Cáceres; la comparación a la liberación de peajes en otras autopistas de España, como son la finalización de la concesión el pasado diciembre de la AP-1 en Burgos, la liberalización de la AP-4 Sevilla Cádiz, y la liberalización de la AP-7 (del tramo Alicante Tarragona) en enero de 2020; y la “deuda histórica con Ávila” en cuanto a inversión en infraestructuras.