Gómez, quien ha intervenido a favor de una proposición no de ley del PP para instar al Gobierno de la nación sobre la financiación del sistema de atención a la dependencia, ha recordado que Castilla y León dispone de un sistema de atención a la dependencia “con números envidiables con respecto a los valores medios nacionales”, si bien el creciente aumento del número de personas dependientes en nuestra Comunidad y los recortes efectuados en esta materia obligan a asegurar la financiación del sistema. 

En este sentido, la procuradora ha hecho hincapié en que “solo en 2018, Castilla y León ha dejado de percibir del Estado 39,5 millones de euros como consecuencia de los recortes”, cuantía con la que “se podrían haber atendido 7.398 nuevos dependientes y haberse generado 2.048 nuevos empleos”. 

En su intervención, Gómez ha recalcado que en los próximos años, “serán necesarias reformas para mejorar la eficiencia y los servicios como la que la Junta está acometiendo en la Atención Primaria”, que requerirán “mayor inversión, entre otros en tecnología e investigación”. 

Al respecto, Gómez ha apuntado que el pacto de Gobierno entre PP y Cs contempla medidas específicas para la dependencia, como los objetivos de disminución de la tasa de dependencia ajustadas por edades o la reducción del plazo para reconocer el derecho a la prestación por dependencia a 3 meses, a partir del 1 de enero de 2020.