‘Todos unidos por la ESO’ o ‘La ley del 90 no nos sirve, Madrigal no se rinde’ fueron algunas de las pancartas que pudieron verse en las calles de la localidad el viernes por la tarde, en un recorrido que partió y terminó frente al Colegio Reyes Católicos, haciendo un alto en el arco de Cantalapiedra, donde se leyó un manifiesto y varios padres explicaron los motivos por los que no quieren que sus hijos estudien en Arévalo.

Entre los participantes se encontraba el alcalde, Rufino Rodríguez, y los integrantes de la corporación.

La presidenta de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos, María Victoria García del Pozo, leyó un manifiesto en el que criticó la carta enviada por la Junta a los padres, en la que destaca que dejar de impartir la ESO en los colegios es una medida que se adopta ahora, pero que está contenida en la LOGSE, la ley educativa de 1990. En la misiva se dice que los colegios no reúnen los requisitos para impartir la ESO.

“Ahora nos quieren contar que nuestros hijos han tenido peor educación que los de los institutos, cuando sabemos que es falso, los maestros son los mismos en los institutos que en los colegios”, ha criticado.

“Tenemos aulas de sobra y, si algo falta, han tenido 20 años para darse cuenta, y nuestras clases son de 60 minutos mientras que en el instituto duran 50 ó 55”, ha añadido.

“Es vergonzoso -ha criticado- que nos den estos argumentos, ellos mismos se tachan de incompetentes al no darnos durante veinte años según ellos una buena educación”.

También algunos padres de alumnos de 6º de Primaria y de 1º de ESO expresaron algunas de sus inquietudes para rechazar la medida de la Junta, que afectará a 23 estudiantes el próximo curso, como que sus hijos de 11 y 12 años tendrán que “viajar en autobús a Arévalo con jóvenes de 18 o más años”, “perder una hora de sueño”, o que supondrá un perjuicio para Madrigal y motivará que algunas familias se marchen de la localidad.

Apoyo
La Alianza por la Unidad del Campo UPA-COAG ha manifestado su respaldo a las reivindicaciones de los padres del Colegio Público Reyes Católicos ante la decisión de la Junta de eliminar en este centro el primer ciclo de la ESO a partir del próximo curso.

Creen “gravísimo” que la Junta “ataque directamente los derechos de los ciudadanos del medio rural en nuestra provincia, poniendo trabas e impedimentos en un derecho fundamental como es el de la educación”, y creen que es un ejemplo del “desmantelamiento absoluto de servicios públicos” como la educación y la sanidad.

Según la organización agraria, no hay motivos justificados “puesto que ni contribuye a mejorar la calidad de enseñanza ni supondrá ahorro económico al tener que desplazar a diario a decenas de alumnos a Arévalo”.

Lamentan que los ciudadanos del medio rural son “víctimas propiciatorias del Gobierno central y el regional para aplicar recortes sociales sin reparar en que la pérdida de derechos y de calidad de vida conseguidos con enorme esfuerzo en los últimos 30 años”.