La proposición no de ley pretende el reconocimiento a los funcionarios como agentes de la autoridad ante el aumento de agresiones, la reclasificación de la cárcel de Ávila para que puedan cobrar un complemento específico mayo, formación continuada, y convocar una oferta de empleo público, dado que la mayoría de la plantilla se encuentra por encima de los 50 años, según ha detallado el presidente del PP, Carlos García.

Brieva cuenta con 151 empleados, pero faltan 24 de plazas sin ocupar, según han expuesto los representantes sindicales. Antonio Pascual, de Acaip-UGT, ha lamentado que desde hace cuatro años esperan la reclasificación de los centros penitenciarios, y ha recordado que hace un año y cuatro meses recibieron el apoyo de todos los parlamentarios, “pero luego no pudieron llevarse a cabo” las modificaciones propuestas.

“Sí hay alguna vez presupuestos esperemos que nuestras reivindicaciones se aprueben porque son justas, no hay nada que no nos corresponda, como la equiparación salarial”, ha manifestado.

Por su parte, Gonzalo Cruz, de CSIF, ha señalado que los funcionarios de prisiones se sienten “ninguneados” y ha advertido que tras un “verano caliente de agresiones”, llegará un otoño “con bastantes movilizaciones”. La falta de personal provoca que algunos funcionarios deben de esperar a diciembre para disfrutar de vacaciones, ya que “faltan 3.000” empleados.

Las medidas exigidas se resumen en “dignificar el cuerpo de funcionarios de prisiones”, según Pilar  Fernández, de CCOO.