El objetivo de esta organización agraria es que los agricultores y ganaderos de estas comarcas agrarias “no se queden en el olvido de las administraciones, diluidos los datos en el conjunto del agro”.

Asaja ha recordado que las pérdidas económicas ocasionadas por la sequía ascienden “a la friolera de los 100 millones” solo en la provincia de Ávila, cuando en el resto del territorio nacional se cifran en su conjunto en 1.000 millones.

Ante estas cifras que suponen el 10% del total nacional, esta organización agraria considera que “Ávila es la gran damnificada”, de ahí que demande “medidas urgentes de forma inmediata”.

En este sentido considera “positiva” la inminente convocatoria por parte de la Junta de subvenciones acogidas al régimen de mínimis destinadas a garantizar el suministro de agua a las explotaciones ganaderas en régimen extensivo.

Asimismo, espera que “a la mayor brevedad se articulen el resto de medidas anunciadas por el ejecutivo regional: carencia de un  año a los préstamos de 2017, la puesta en marcha de una nueva línea de préstamos, bonificaciones fiscales, la exención del pago de tasas por servicios agroganaderos o el incremento del porcentaje del anticipo de ayudas de la PAC”.

Medidas insuficientes

Para Asaja de Ávila estas medidas son “claramente insuficientes para los agricultores de las comarcas agrarias donde se ha cebado especialmente la sequía”.

Por ello, urge a todas las administraciones competentes para que “articulen, a mayores, tres medidas que permite y contempla la legislación y que en otras ocasiones similares ya han sido utilizadas.

Por una parte, préstamos acogidos al régimen de ayudas mínimis, en los que se bonifiquen los intereses y se subvencione el 25% de la amortización del principal, de forma similar a como se hizo y se afrontó la sequía de 2005.

Por otra, que se condone el pago de las cuotas a la Seguridad Social durante 12 meses y finalmente que se mejoren las coberturas y rendimientos del seguro agrario, acompañada de una recuperación del 10% de la subvención al seguro recortada en 2017 por parte del Ministerio de Agricultura, y un mayor apoyo económico del resto de Administraciones -regional y provincial-.