El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) ha publicado un extracto de la orden de convocatoria de una línea de ayudas, que forma parte del paquete de medidas de protección a los trabajadores y a las empresas frente a situaciones de crisis.

Estos incentivos, gestionados por la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, son coherentes con los objetivos definidos en la II Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación en el Empleo 2016-2020, pactada entre el Ejecutivo autonómico y los agentes económicos y sociales en el seno del Consejo del Diálogo Social.

Se establecen dos programas de apoyo. El primero, dotado con 1,6 millones de euros, está dirigido a las personas de 55 o más años damnificadas por la extinción de su contrato laboral, que firman un convenio especial con la Seguridad Social para reforzar las bases de cotización de su futura pensión de jubilación. En este caso, la Junta contribuye a financiar estas aportaciones con una cuantía de hasta 500 euros al mes durante un máximo de 24 mensualidades.

Los potenciales beneficiarios son empleados que han perdido su ocupación en compañías inmersas en un proceso concursal o en situación de insolvencia. Entre los requisitos que deben cumplir figuran el de haber agotado la prestación contributiva por desempleo y acreditar una antigüedad mínima de tres años en la empresa de procedencia.

Mejora en la cobertura

Asimismo, se mejora la cobertura del programa, al incluir a aquellos trabajadores que han sufrido una extinción de contrato en los últimos ocho años, en lugar de los cuatro ejercicios que marcaban el límite hasta ahora.

La segunda línea de apoyo habilita 200.000 euros para compensar la indemnización reconocida a los trabajadores mayores de 55 años que han perdido su empleo, siempre que este montante esté sufragado por el Fondo de Garantía Salarial y su cuantía sea inferior a la reflejada en la sentencia, auto, acto de conciliación judicial o resolución administrativa que lo ampara.

En este caso, el importe individual de la subvención oscila entre los 1.085 y los 1.950 euros, en función de la antigüedad del empleado en la empresa y de su base de cotización. Es preciso que la compañía de origen del beneficiario cuente con un mínimo de tres años de actividad previa.

Por primera vez, esta convocatoria se abre a personas que, habiendo sufrido un despido en una empresa en crisis, han encontrado otra ocupación o tienen en vigor algún contrato de trabajo en el momento de presentar la solicitud.