El Gobierno de Castilla y León, que nunca se ha pronunciado contra los peajes que afectan a la provincia de Ávila, considera que “cualquier cobro de un peaje blando, por pequeño que sea, produce efectos perjudiciales”, según el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

En primer lugar para la marcha de la actividad económica, porque esta tasa o peaje supone un incremento de carga impositiva y de gasto para las empresas y transportistas, y, por tanto, "va en la vía contraria a lo que desde este Gobierno de la Junta entendemos que hay que hacer: bajar la carga fiscal, no incrementarla", ha afirmado el consejero.

En segundo lugar, Suárez-Quiñones cree que “esta idea de pagar por transitar por autovías penaliza a los que menos tienen, lo que supondrá carga económica para la gente, sobre todo con menos recursos”. El consejero, además, estima que "en la realidad rural de Castilla y León todo lo que afecte, dificulte y perjudique a la movilidad de nuestros pueblos hacia los principales núcleos de población va en contra de la lucha contra la despoblación".

Ademas de “una posición contraria a esta iniciativa”, el consejero ha señalado que “en la conservación y mantenimiento de carreteras hay que planificar desde la eficiencia del gasto público, y que se apliquen recursos suficientes para seguir ejecutando los proyectos en los que venía trabajando el anterior Gobierno de España”.

Las declaraciones del consejero se producen después de que se haya conocido que el Gobierno estudiar un “peaje simbólico”, más reducido de los peajes de las autopistas, que en el caso de Ávila afectará a la A-50, entre la capital abulense y Salamanca, así como en el tramo de la A-6 que discurre por el norte de la provincia.