Según el conocido como defensor del pueblo de la Comunidad, dicha regulación tiene que contemplar una "mayor vigilancia" en todas las piscinas, prestando atención especial a las zonas naturales en las que este año ya se han producido 21 ahogamientos, donde no había servicio de salvamento y socorrismo.

El Procurador del Común ha recibido varias quejas pidiendo la adecuación y adaptación de la normativa autonómica de piscinas a la nueva realidad social, así como a los cambios normativos que introdujo un real decreto estatal de 2013.

"Tras la petición de información, la Consejería de Sanidad ha indicado que se estaba trabajando en los cambios solicitados y que dicha modificación se había incluido como objetivo en el IV Plan de Salud de Castilla y León", ha explicado el Procurador del Común.

Varias de las reclamaciones aludían a la falta de homogeneidad en los servicios de prevención y salvamento que se prestan en las zonas de baño en la naturaleza situadas en Castilla y León.

"La singularidad de los espacios acuáticos en el medio natural y su habitual utilización para la práctica de actividades lúdicas y deportivas por un número importante de personas, demandan el establecimiento de unas normas de seguridad y protección, que supongan una garantía en su uso y que no dependa de la buena disposición de las autoridades municipales", ha sostenido la institución autonómica.

Falta de regulación estatal

Una vez analizados los informes recibidos, el organismo ha constatado que la situación de falta de regulación estatal en cuanto a la normativa de seguridad de las piscinas de uso público se mantenía y que esa carencia "no ha sido suplida por ninguna norma autonómica en Castilla y León".

En su opinión, la actual norma autonómica y sus previsiones en cuanto al número de profesionales de salvamento y prevención que deben prestar su servicio en estas instalaciones, se han visto superadas por la situación real que se produce en las piscinas.

"No solo por la cantidad de usuarios que acogen, incluso fuera del periodo estival, sino también por los elementos o accesorios que en ocasiones requieren algunas prácticas de ocio o deportivas -aletas, trajes neopreno, gafas, cámaras acuáticas...- que llevan los usuarios, especialmente los menores (manguitos, burbujas o flotadores), y que crean una falsa sensación de seguridad", ha sostenido el Procurador del Común.

En otras ocasiones son los propios titulares de la instalación los que introducen elementos para incrementar la afluencia de usuarios, algunos de los cuales son "potencialmente peligrosos" o "incrementan notablemente el peligro al realizar la actividad".

Nuevos requisitos

El Procurador del Común ha llamado a introducir "nuevos requisitos mínimos y actualizados de la dotación de los botiquines" con los que deben contar este tipo de instalaciones, entre los que se debe incluir la obligatoriedad de contar con un desfibrilador externo (DESA).

Además, ha señalado que "se puede valorar la introducción de limitaciones a los materiales de flotación y ropa de baño, sobre todo la que pueda condicionar o impedir la labor de los socorristas o afectar a la salubridad del agua" sin olvidar que "hay que marcar limitaciones de altura para las atracciones flotantes".

Respecto a las quejas por la falta de seguridad en las zonas de baño naturales, la institución considera que "la seguridad de una zona de baño natural no se agota con la garantía de la calidad sanitaria de sus aguas, puesto que existe un componente de riesgo que tiene relación con el medio físico en el que se ubican estas áreas de baño y cuya configuración física puede cambiar".

"Se considera que la seguridad se garantiza con la presencia de un servicio de socorristas en la zona de baño y, aunque es cierto que ni la normativa nacional ni la normativa autonómica imponen la presencia de vigilancia y salvamento en las zonas de baño naturales, parece contradictorio que exista un derecho a exigir seguridad en un espacio acuático con el agua confinada (piscina) y no exista el mismo derecho en un espacio acuático natural en el que se facilita por las administraciones públicas este baño", ha argumentado.

21 ahogamientos

Igualmente, se ha referido al número de ahogamientos que suceden todos los años en la Comunidad, destacando que todos los fallecimientos de este año 2019 -21 personas hasta la fecha de elaboración de esta recomendación- lo han sido en zonas que carecían de vigilancia.

"Esto nos enfrenta a un problema de una evidente dimensión e impacto en la sociedad, frente al que las administraciones no pueden permanecer indiferentes y al mismo tiempo relaciona de manera directa ausencia de vigilancia y fallecimientos en el medio acuático", ha afirmado.

Por ello, considera “necesario que se dicten las oportunas instrucciones por parte de la administración en materia de seguridad humana en las zonas de baño en la Comunidad, estableciendo un catálogo de zonas prohibidas y garantizando la adecuada protección en las zonas de baño incluidas en el censo oficial cada temporada”.