Critican que los operativos de extinción “aún no estaban al 100% a pesar de la enorme vulnerabilidad de nuestros bosques después de una larga sequía y las altas temperaturas que se anunciaban en esos días”. 

Y advierten que “el peligro no ha pasado en absoluto” porque “frente al fuego, que es un problema crónico en el Valle del Tiétar, aún no se han querido tomar las decisiones políticas y socio-económicas capaces de enfrentarlo”.

Según esta formación, “la solución no es invertir grandes cantidades en medios  materiales y humanos para su extinción , sino cambiar la política forestal y volver a concebir el bosque como un ecosistema vivo y diverso, que se mantiene a través de  las actividades humanas que tradicionalmente se desarrollaron en él”, como el resinado, la recogida de leña y la ganadería extensiva.

Unidos por Arenas considera que la ordenación forestal para mejorar la gestión de los montes de utilidad pública debe ser “integrada y transparente”, teniendo en cuenta que  Castilla y León cuenta con casi 4.840.000 hectáreas forestales, que es el 51% de la superficie de la Comunidad, cuando la superficie ordenada es de 850.000 hectáreas.

Destacan que de la superficie total, el 55% es propiedad pública, fundamentalmente de ayuntamientos y juntas vecinales, y que la mayor parte de estos montes públicos son gestionados por la Junta, que “tiene toneladas de informes, estudios y propuestas olvidados en los cajones de Antonio Silván y Juan Carlos Suárez-Quiñones, nefastos consejeros de Fomento y Medio Ambiente de la última década”.

Gestión municipal
Unidos por Arenas defiende que se permita a los ayuntamientos, si así lo solicitan, la gestión municipal de los montes de su propiedad, con financiación y medios adecuados, para volver a realizar la limpieza de los montes en invierno que, además de generar puestos de trabajo estables para la población local, es la mejor forma de prevenir los incendios en verano.

Abogan por un modelo de gestión para la prevención y extinción del fuego 100% público y que “termine con la precariedad laboral actual de las personas que forman las cuadrillas contra incendios, reconociendo su categoría de bomberos forestales y manteniendo sus contratos a lo largo de todo el año”.