En concreto, la jueza de Arévalo que instruye el caso imputa al exalcalde de Villanueva de Gómez una supuesta prevaricación urbanística y al resto de acusados por un delito contra la ordenación del territorio.

El hecho se ha dado a conocer seis años después de que las máquinas comenzaran a excavar y talar árboles en el enclave escogido para el proyecto, en concreto 780.000 metros cuadrados de un pinar de alto valor ecológico y de importancia para especies amenazadas como el águila imperial.

Ambas asociaciones conservacionistas recuerdan cómo en Villanueva de Gómez, con poco más de 140 habitantes, estaba proyectada una gran urbanización que incluía 7.500 viviendas, tres campos de golf, un hotel y un club hípico, además varias balsas reguladoras y una Estación Depuradora de Aguas Residuales.

En opinión de Seo/BirdLife y Centaurea, los indicios de acusación encontrados por la justicia “ponen las bases para una condena en firme cuando se abra el juicio oral”, que es el trámite que ahora queda pendiente.

Las dos organizaciones han aprovechado también para denunciar la actitud “ambivalente” de la Junta de Castilla y León, que “nunca detuvo las obras, pese a saber que eran claramente ilegales, y concedió una Declaración de Impacto Ambiental de muy dudosa legalidad a los campos de golf”, y que “no se personó en apoyo al ayuntamiento en los tribunales ni defendió la acción urbanizadora”.

El auto dictado por la juez de Arévalo ordena trasladar su resolución al Ministerio Fiscal y a las acusaciones personadas, estableciendo un plazo de diez días para que formulen escrito de acusación en el que pueden pedir la apertura de juicio oral o bien el sobreseimiento de la causa.