Del Sábado, 17 de Enero de 2026 al Martes, 20 de Enero de 2026
Audiencia Provincial de Ávila.La Audiencia Provincial de Ávila acoge desde el lunes el juicio con jurado popular por el crimen de Mónica Berlanas, cometido en Arévalo el 6 de octubre de 2016 a manos, supuestamente, de su pareja, J.F.C., en presencia de una de las dos hijas de ambos.
El juicio se iniciará a las 9 horas con la selección y constitución de los nueve miembros que integrarán el jurado popular de esta vista oral que se prolongará hasta el miércoles.
Una vez constituido el jurado popular, la vista oral arrancará a las 10,30 horas en audiencia pública con la lectura de los escritos de calificación de las partes, las alegaciones respectivas y el interrogatorio de J.F.C., que permanece en prisión provisional, desde que se produjeron los hechos, en la cárcel de Segovia.
Junto al acusado, también declararán los testigos y se desarrollarán las pruebas periciales, antes de las conclusiones finales, los informes de las partes y la última palabra del acusado, siempre que quiera pronunciarse.
Estarán presentes la fiscalía, la defensa, el abogado del Estado, la acusación particular y la acusación popular, representada por la asociación Clara Campoamor.
Petición de condena
El fiscal solicita 26 años de cárcel para J.F.C., como supuesto autor de un delito de asesinato (24 años) y otro de violencia doméstica (dos años), cometido contra su pareja, Mónica Berlanas, que en aquel momento tenía 33 años, ante una de las dos hijas que ambos tenían en común. La asociación Clara Campoamor, como acusación popular, solicita una pena de 25 años por un delito de asesinato.
En la calificación de los hechos, el fiscal, Óscar Barrios, solicita 24 años de prisión para el acusado, por un presunto delito de asesinato, junto a otros 32 años de prohibición de acercamiento y comunicación "a través de cualquier medio o procedimiento" a sus hijas, así como a la hermana y los padres de Mónica Berlanas.
Igualmente, solicita para el acusado la pena accesoria de "privación de la patria potestad respecto de sus hijas", una de las cuales presenció lo sucedido.
Además, plantea una medida de "libertad vigilada" durante diez años, a través de dispositivos electrónicos de localización, "cada vez que abandone el centro penitenciario, cualquiera que sea su duración".
Asimismo, por el supuesto delito de violencia doméstica, el ministerio público pide otros dos años de cárcel y la accesoria de privación de la patria potestad y de acercamiento a sus hijas y a los familiares de la víctima durante cinco años más. El ministerio público considera que en este caso concurren las agravantes de parentesco y de género.
En concepto de responsabilidad civil, el fiscal solicita indemnizaciones por un importe de 670.000 euros: 250.000 para cada una de sus dos hijas; 70.000 para el padre y la misma cantidad para la madre, así como 30.000 para la hermana de la fallecida.





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