Robles critica la propuesta de supresión del Impuesto de Sucesiones del PP

Según ha explicado, es una cuestión que "preocupa a muchos ayuntamientos" abulenses que a su juicio "están viendo cómo se reduce su padrón de habitantes como consecuencia de las diferencias fiscales entre unas comunidades y otras". 

Al respecto, ha hecho referencia al Impuesto de Sucesiones, en torno al cual el PSOE plantea "una armonización en un pacto de Estado para la financiación autonómica", que contemplaría el mínimo exento.

Lo que a su juicio "no es realista" es la supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, tal y como propone el PP, ya que esta propuesta "lo que hace es engañar a los ciudadanos", teniendo en cuenta que "para luchar contra la desigualdad, se necesita financiar un Estado del Bienestar suficiente y robusto".

Ayuda a la igualdad

Desde su punto de vista, "no se entiende que alguien que se llame liberal, pueda estar a favor de la supresión de un impuesto que ayuda a la igualdad de oportunidades y al mérito".

Según ha explicado Margarita Robles, ante la "enormes diferencias" entre comunidades autónomas en la aplicación de este impuesto, una de las respuestas de los contribuyentes ha sido la de "proceder a cambios de domicilio", empadronándose en "aquellos lugares menos gravosos, como la Comunidad de Madrid".

Esta situación, ha añadido, "está afectando a muchas localidades abulenses", repercutiendo en la "financiación de los servicios esenciales" y en el "descenso de población sobre el papel, aunque no sobre la realidad".

En este sentido, ha explicado que esto es así porque "los abulenses residentes en una localidad son los mismos y hacen uso de los servicios públicos, tributando en otra comunidad, al haber trasladado su empadronamiento".

La número uno del PSOE por la provincia de Ávila considera que es necesario "converger en servicios públicos fundamentales con Europa" y también en "una fiscalidad más moderna".

A su juicio, la propuesta fiscal del Partido Popular es "una irresponsabilidad", teniendo en cuenta que "provocaría una pérdida de credibilidad internacional ante las instituciones europeas".