Una sentencia “declara nulo de pleno derecho el reglamento y condena a la Diputación al pago de las costas”, según ha explicado el secretario de Organización de FSP-UGT, Francisco José Muñoz, que ha considerado “inexplicable”, cuando “han sido dos las veces en que se ha intentado imponer un reglamento que no se sostiene jurídicamente”.

A ello ha añadido los “numerosos procedimientos judiciales perdidos por el actual equipo de Gobierno”, que dejan la Diputación como “ejemplo de incumplimiento de la legalidad y transparencia”. Al coste “institucional” se suma el “económico”, porque en procuradores y costas se han gastado más de 50.000 euros.

Muñoz ha dicho que de los últimos meses que han sido “convulsos políticamente” en la Diputación no se pronuncian, pero sí que durante este último mandato la gestión la gestión en materia de recursos humanos ha sido “desastrosa”.

Como ejemplos señalan que la Mesa de Negociación “ha funcionado poco” ya que se ha convocado pocas veces y “lejos de lejos de dar solución a los asuntos que se tratan, se suelen dejar pendientes, anunciando otra reunión para finalizarlos y olvidando luego el compromiso”.