Para ello, el portavoz en la institución provincial, Santiago Jiménez, muestra el informe del secretario de la Diputación, que pone de manifiesto una “contrastada” irregularidad, debido a que las obras “no tienen cobertura legal en ningún artículo de las leyes del ordenamiento jurídico español” y porque la casa del guarda -según el informe- “queda fuera del convenio de cesión inicial” a la Universidad Católica.

Asegura que se trata de un caso de “apropiación indebida de un inmueble sobre el que la Diputación tiene una obligación cualificada de custodia, guardia y protección”, porque se trata de “un bien patrimonial de dominio público”, de acuerdo al ordenamiento jurídico.

Y argumenta que haber transformado en “capilla para celebrar el culto católico en un inmueble de titularidad pública” supone un hecho que “queda absolutamente fuera de la previsión legal” porque “contraviene” el artículo 16.3 de la Constitución.

Modificar el informe
Jiménez ha lamentado la redacción del informe del secretario de la Diputación, de fecha 8 de noviembre, y ha instado a modificarlo porque, aparte que manifieste que no está incluido en el convenio, “se anima a opinar sobre las posibles soluciones a la ilegalidad cometida”.

“Ahora no se puede hacer una cesión independiente para el uso de este edificio como capilla, puesto que la cesión es una figura política regulada por ley y su uso queda fuera de la previsión legal”, apunta.