El promotor y responsable de la empresa Inveralde, Luis Ángel Ilarraza, ha intervenido nuevamente el viernes desde los juzgados de Logroño por videoconferencia, tras los problemas de salud sufridos el jueves.

De hecho, antes de prestar declaración ha reconocido que su estado de salud no le permitía tener "la lucidez mental lo suficientemente clara" para imbuirse en esos "temas" y que se encontraba "muy espeso”; sin embargo, contestó con normalidad a la diferentes cuestiones planteadas.

Una vez finalizado su interrogatorio, abandonó las dependencias judiciales de la capital riojana, sin confirmar si retornará para escuchar las conclusiones, inicialmente previstas para el próximo 15 de abril.

La extensión de los interrogatorios ha hecho que las dos sesiones previstas para el caso se conviertan en tres, de ahí que el presidente de la sala haya fijado el 11 de abril para las pruebas periciales y las documentales. Cuatro días después llegarán las conclusiones, los informes finales y la última palabra de los acusados, si quieren ejercer ese derecho.

En su intervención, Ilarraza ha lamentado que la paralización de las obras, después de un año y nueve meses de trabajos, supusiera un "perjuicio económico incalculable a la empresa y a la región".

Además, ha señalado que la decisión judicial ordenó detener las actuaciones y que después fue ratificada por diferentes tribunales, supuso la "paralización de numerosos contratos laborales que hubo que rescindir".

Idea del promotor

Durante el interrogatorio, el promotor ha reconocido que la decisión de poner en marcha el proyecto fue suya, de ahí que adquiriera los terrenos propiedad de la constructora La Favera, así como de varios vecinos.

Entre estos últimos figuraban los padres del entonces alcalde del municipio, José Martín Llorente, tal y como él mismo ha reconocido durante su declaración en calidad de acusado.

Por otra parte, el promotor ha insistido en varias ocasiones en que delegó buena parte de las decisiones adoptadas en otro de los acusados, Gonzalo Bartolomé, director del proyecto, ya que era el que realizaba, entre otras, las funciones de "puente con las demás empresas", según ha ratificado otro de los acusados.

Asimismo, ha reconocido haberse reunido en varias ocasiones con el alcalde para, entre otras cosas, "explicar las motivaciones" de un proyecto que, además, incluía tres campos de golf, un edificio para uso como club y hotel, un centro hípico, varias balsas de agua y una estación depuradora de aguas residuales. Asimismo, ha negado que diera órdenes para que parte de los viales se realizaran en suelo protegido.

En aprietos

Por su parte, el alcalde de Villanueva de Gómez en aquel momento, José Martín Llorente, ha declarado que este proyecto fue una "iniciativa privada" y que él fue quien firmó una licencia de obras para seis sectores, cuando según la fiscalía el informe señalaba que "sólo era para el sector tres".

Además, el ministerio público le ha preguntado los motivos por los que firmó la licencia de obras el 1 de febrero de 2006, cuando el informe solicitado a la Diputación tenía como fecha de salida de registro el día 3 de febrero y de llegada al Consistorio el 14 de febrero, 13 días después de su firma.

Después de insistir la fiscalía que en ese informe sólo se hacía referencia a un sector y no a seis, el exalcalde se ha limitado a señalar que en dicho informe no decía que no se pudiera realizar y que el pleno abordó este asunto.

Igualmente, ha sostenido que durante el año y nueve meses que se prolongaron las obras "nadie dijo que se pararan" y en el periodo de exposición pública nadie planteó alegaciones a un proyecto del que tenía conocimiento la Junta de Castilla y León.

Viales en suelo protegido

El tercero de los acusados, el ingeniero de Caminos y autor del proyecto, Raúl García, ha señalado que las negociaciones fueron realizadas con Gonzalo Bartolomé, director del proyecto.

Durante su exhaustiva declaración, ha admitido que "una parte del vial de perimetración iba por suelos protegidos" y que la comisión Territorial de Medio Ambiente concedió la Declaración de Impacto Ambiental.

Por su parte, Gonzalo Bartolomé, director de Desarrollo de Inveralde, ha apuntado que la licencia fue pedida para el proyecto de sistemas generales de todos los sectores e incluía los viales de penetración en suelo protegido, ya que el proyecto incluía todos los viales.

Asimismo, ha apuntado que la modificación puntual de las Normas Subsidiarias permitía realizar los viales de penetración atravesando zona protegida, donde estaba previsto realizar los campos de golf.

Según ha explicado, los trabajos se paralizaron el mismo día que recibieron la comunicación del Juzgado de lo Contencioso de Ávila, cuando ya se había ejecutado el 70% del proyecto de sistemas generales. Bartolomé ha asegurado que las obras se ejecutaron conforme a la licencia municipal y al proyecto presentado.