Un ejemplo es el caso de la Audiencia Provincial de Ávila, donde los periodistas y el público que acuden a las vistas orales tienen serios problemas para seguir los juicios por la falta de un adecuado sistema de audio, además de los crujidos de un vetusto suelo de madera, que sí se arregló en otras dependencias del Palacio de Núñez Vela.

En la reciente reunión del presidente del TSJCyL, José Luis Concepción, acompañado del presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León, con el secretario de Estado, Manuel Jesús Dolz, y con el secretario general de la Administración de Justicia, Antonio Viejo, trasladaron las “necesidades más acuciantes” en cuanto a medios humanos y materiales en los órganos judiciales de Castilla y León para poder ofrecer al ciudadano “una Justicia de calidad y ágil acorde al siglo XXI”.

Entre las solicitudes figuraba la modernización de los sistemas de sonido de las salas de vistas de los órganos judiciales de Castilla y León. Según el tribunal de Castilla y León, “es preciso contar con equipos de audio de alta calidad tanto para que el público que acude a los juicios pueda seguirlos con normalidad, como para la grabación de los mismos por parte de los profesionales de los medios de comunicación, que son los garantes en última instancia del principio de publicidad de las vistas orales”.

Equipos psicociales
Por otra parte, expusieron la necesidad de contar en las provincias de Ávila, Burgos, León, Segovia y Soria equipos psicosociales para juzgados con competencia en materia de familia, de tal modo que se creen en estas provincias o que se amplíen las plantillas de los ya existentes.

Convendría además integrar bajo la dependencia del correspondiente Instituto de Medicina Legal, o de la oportuna Subdelegación del mismo, todos los equipos psicosociales existentes en cada provincia con independencia de que en la actualidad se encuentren adscritos al Juzgado de Familia o al Juzgado de Violencia sobre la Mujer.

Alternativamente, sería recomendable utilizar, a los mismos efectos, los respectivos equipos psicosociales dependientes de los nueve juzgados de menores del territorio, que disfrutan de un menor volumen de trabajo. Además, creen imprescindible establecer unos módulos de trabajo para que los equipos evacúen un determinado número de informes al mes, otorgando a los directores de los Institutos de Medicina Legal o a las gerencias territoriales las oportunas medidas correctivas o disciplinarias para que aquéllos resulten efectivos.

Oficina de Asistencia a las Víctimas
Respecto a las oficinas de asistencia a las víctimas, entienden que es exigible una inmediata reorganización de las oficinas de asistencia a las víctimas (OAVD) del territorio, integradas actualmente por un funcionario y un psicólogo, y contar además con un trabajador social y un letrado cuando menos.

Teniendo en cuenta que estas oficinas deben ser “fundamentales en cuanto que han de actuar en interés de las mismas prestándoles asistencia integral desde el punto de vista jurídico, social, emocional y psicológico”, consideran también tener una oficina en el Palacio de Justicia de Burgos, sede del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que desempeñe labores de coordinación con las demás, sin perjuicio de que cuente con el personal necesario para la atención de las víctimas que acuden a juicio en la Audiencia Provincial alojada en dicho palacio.

Como ejemplo podría tomarse como ejemplo la OAVD de la Comunidad Valenciana, integrada por dos letrados, dos letrados criminólogos, una trabajadora social, un técnico de empleo y un funcionario. En dicha comunidad, además de las tres oficinas de ámbito provincial existen otras con ámbito inferior dependientes de aquéllas.

Visor documental
También reivindicaron en la reunión una necesaria revisión del llamado visor documental (herramienta digital que sirve para consultar los procedimientos judiciales) prepara solucionar los problemas que presenta e incorporar nuevas aplicaciones.

Por ejemplo, deben incorporarse al mismo actos procesales, resoluciones judiciales y de los letrados de la Administración de Justicia, documentos e informes y escritos con una correcta denominación.
Además, deben introducirse criterios de búsqueda, ya sea por fecha o por denominación, y procederse a una numeración lógica, sucesiva, cronológica con independencia de los órganos judiciales que intervengan en el procedimiento.

Así mismo, debe arbitrarse el modo de acceso al visor documental para aquellos procedimientos en que intervengan de letrados y procuradores.

Modernización de archivos
Por otro lado, también se ha expuesto al Ministerio de Justicia, y en concreto a las Subdirecciones de Obras y Medios Personales, un estudio preliminar y orientativo sobre la situación de los archivos judiciales de la Comunidad.

El TSJCyL cree que existe la imperiosa necesidad del establecimiento de un Archivo Territorial en Castilla y León para el cumplimiento del circuito de documentación previsto en el Real Decreto 937/2003. Dada la amplitud del territorio de esta Comunidad, sería necesario además el establecimiento de dos sedes: Burgos y Valladolid son las más adecuadas.

Peritos en Valladolid
El presidente del TSJCyL ha aprovechado la reunión para recordar de nuevo la necesidad de proveer con la mayor urgencia posible las vacantes de peritos judiciales existentes en los Juzgados de Valladolid.

Actualmente no hay peritos trabajando en dichos juzgados cuando existen tres plazas asignadas y un espacio habilitado con tres puestos de trabajo que están sin ocupar. Alrededor de 200 expedientes están pendientes del pertinente peritaje en los seis juzgados de instrucción de Valladolid, y además casi una decena de ejecutorias están paradas en los juzgados de lo penal.