“Se supone que estas cocinas las deberían utilizar los residentes como parte de la terapia ocupacional que han de seguir, pero por sus características es muy difícil, por no decir imposible, que la inmensa mayoría de ellos hagan uso de ese tipo de terapia, debido a que casi todos son asistidos con gran dependencia”, ha explicado el secretario de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT, José Carlos Pajares.

Desde su instalación solamente se ha hecho en una de ellas un bizcocho, por lo que consideran que “es mucho dinero gastado en n adorno para una residencia pública cuando existen otras necesidades mucho más urgentes”.

Esta cantidad contrasta con la falta del arreglo de las ventanas de la residencia, “con serios problemas de aislamiento térmico y entrada de agua de lluvia”, o la modernización del agua caliente con griferías termostáticas para evitar las oscilaciones que se producen en la temperatura del agua, a la vez que “lavadoras, secadoras y maquinaria de planchado están totalmente obsoletas y sufren continúas roturas”.

Plazas vacías

Por otro lado, el sindicado ha criticado la baja ocupación de la residencia, ya que de las 229 plazas potenciales sólo están cubiertas 105 plazas, de ellas solo 25 son de residentes válidos, ya que las 80 restantes son para dependientes.

Según el sindicato, “la actitud de la Junta es lamentable al permitir que 124 plazas permanezcan constantemente sin ocupar”, por lo que mayores de Ávila tengan que ser acogidos, en el mejor de los casos, en residencias de Segovia y Salamanca, “lejos de su ciudad y de sus familiares, por la incompetencia de los políticos provinciales y el interés del Partido Popular por desmantelar todos los servicios públicos a su alcance”.

Para FSP-UGT, la situación de la residencia es culpa de su directora, a la que acusan de no escuchar a los empleados.

La culpan de que los empleados no tengan lugar para dar el cambio de turno sin ser escuchados por los familiares o los propios residentes, de dotar el centro de sillones de segunda mano o autorizar una jubilación con contrato de relevo a una médica y denegársela a una ordenanza, con lo que “parece decirnos que puede prescindir de una médica pero no de una ordenanza”.

Por estos motivos piden que deje de adoptar “decisiones arbitrarias, injustas e imparciales” o que presente la dimisión, y anuncian acciones “para garantizar el trato igualitario de todos los trabajadores con independencia de sus categorías profesionales, así como el uso adecuado de los recursos económicos, exigiendo responsabilidades a sus superiores si la situación continúa.