Crisis de IU: una propuesta de expulsión y un año de suspensión para tres afiliados

La propuesta contempla la expulsión de Rafael López, miembro de la Coordinadora Provincial, así como la suspensión de los derechos como afiliados durante un año de otros tres miembros: Alberto López Casillas; , Isabel Casillas, miembro de la Coordinadora Provincial, y Jorge Nieto, miembro de la Coordinadora Local.

De esta manera, la Coordinadora Provincial resolverá el domingo los expedientes abiertos el año pasado, como consecuencia de la crisis interna entre la Coordinadora Provincial y Local debido al proceso de confluencias y a la negativa de la Asamblea Local de Ávila a admitir a 16 afiliados de varios municipios de la provincia.

Los dirigentes locales consideraban que con esta maniobra se pretendía desde la Coordinadora Provincial controlar la organización en la capital, ya que en algunas localidades había afiliados suficientes como para poner en marcha una Asamblea Local propia.

Ante esta situación, los excoordinadores de IU de Ávila, José Alberto Novoa y Montserrat Barcenilla, llegaron a pedir la mediación del coordinador regional de Castilla y León, para que interviniera "de forma directa" en esta crisis interna para "darle una solución política y pactada".

Sin haber obtenido una contestación en este sentido, la resolución que abordará la Coordinadora Provincial dice que a los expedientados se les responsabiliza de una "infracción muy grave", vinculada con el "deterioro, daño o menoscabo grave de la imagen pública de la organización, sus órganos y cargos políticos o públicos".

Entre otras cosas, por haber publicado varios mensajes a través de una red social "con insultos y menoscabo público para la imagen de dirigentes políticos de IU Ávila" como: "Puta vergüenza. IU está manejada por enfermos dictadores".

Para Isabel Casillas, miembro de la Coordinadora Provincial; Jorge Nieto, miembro de la Coordinadora Local; y Alberto López Casillas, coordinador de la Asamblea Local de Ávila, los instructores del expediente proponen una sanción de "un año de suspensión de los derechos de afiliado y el cese durante el mandato de los órganos" de los que son miembro. Según la resolución, los tres son responsables de una "infracción muy grave".