Del Miércoles, 24 de Septiembre de 2025 al Sábado, 27 de Septiembre de 2025
La Junta de Personal Docente No Universitario de Ávila ha rechazado la aprobación, por parte de la Junta, de la zona única a efectos de escolarización en la capital.
Los representantes del profesorado han presentado una alegación a la resolución provisional de la Dirección Provincial de Educación, en la que las zonas dos zonas en las que se dividía la ciudad, norte y sur, se unifica en una sola de cara a la admisión de alumnos en el segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria y Bachillerato en centros sostenidos con fondos públicos y la adscripción de centros a estos efectos.
Según Educación, la decisión se ha adoptado para “atender el criterio de facilitar la libre elección de centro”, lo que la Junta de Personal considera que no está justificado porque “en la actualidad cualquier familia puede solicitar el centro educativo que desee”.
Por el contrario, creen que la zona única satisface “una reivindicación histórica de la patronal de la enseñanza concertada”, más en estos momentos de crisis en que “la matrícula en la escuela concertada se puede tambalear por el sobrecoste que supone para las familias (822 euros/alumno coste en la enseñanza pública y 1.549 euros/alumno en la privada concertada de media, según el INE)”.
Creen que con el “pretexto” de dar a las familias “más libertad de elección de centro, aumenta la capacidad de los centros para seleccionar a su alumnado, al desaparecer la puntuación otorgada por proximidad al domicilio”.
Con la decisión de la Junta, consideran que Educación “antepone un pretendido derecho relativo, como es el de la libre elección de centro, a otros como el del acceso en condiciones de igualdad y la adecuada y equilibrada distribución entre los centros escolares de los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo”, y destacan la necesidad de “lograr un mayor equilibrio en la admisión de alumnos, con el fin de asegurar la calidad educativa para todos, la cohesión social y la igualdad de oportunidades”.
Apuntan que el Procurador del Común se posicionó en agosto de 2011 como la OCDE, pidiendo la intervención “para prevenir las consecuencias negativas que influyan en la plena integración de los alumnos y en los niveles de calidad de la educación…y restrinja el derecho a la libre elección de centro educativo, para conseguir una distribución más equitativa del alumnado de origen inmigrante y socioculturalmente desfavorecido entre los distintos centros docentes sostenidos con fondos públicos”.
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