Así, ha mostrado su “más profundo rechazo” a la moción presentada por el Partido Popular y apoyada por Ciudadanos, y llaman la atención que es “revelador” que el Ayuntamiento “no cuente con la opinión de su propio Consejo Escolar Municipal en un tema de tanta trascendencia”. La moción propugnaba "garantizar la libertad educativa".

Creen que no han tenido en cuenta la opinión porque “la vez anterior que lo hizo con respecto a su intención, también espuria, de hacer coincidir el calendario de vacaciones escolares con la celebración religiosa de Semana Santa”, el consejo votó por unanimidad en contra. La Fampa lamenta que no hayan corregido la decisión.

La Federación Provincial de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos pide al Ayuntamiento que “dedique todos sus esfuerzos a mejorar, dado el actual estado de abandono, a la limpieza y el mantenimiento general de los colegios de la ciudad”, ya que recuerdan que es “la única competencia” que el Consistorio tiene en materia educativa, porque las comunidades autónomas y el Estado son las competentes en esta materia.

Los representantes de los padres de alumnos creen que la moción aprobada es “puramente electoralista” y “alejada por completo de la realidad educativa”, que además “nada supone una mejora real y efectiva de la calidad educativa de los alumnos”.

Centros privados

Sobre los términos de la moción aprobada, la Fampa señala que “el derecho a la educación es un derecho fundamental que debe garantizar el Estado”, pero cree que “no se deberían gastar recursos, totalmente insuficientes, para financiar la educación pública, en centros privados”.

Creen que lo que consagra la Constitución de que “todos tienen derecho a la educación” y que “se reconoce la libertad de enseñanza”, se termina “transformando, burla, burlando” en “la obligación del Estado a financiar los centros privados”. Y citan una sentencia del Tribunal Constitucional de 1985 en la que se afirmó que “el derecho a la educación –a la educación gratuita en la enseñanza básica- no comprende el derecho a la gratuidad educativa en cualesquiera centros privados, porque los recursos públicos no han de acudir, incondicionalmente, allá donde vayan las preferencias individuales”.

Además, añaden que “la intención del legislador al instaurar la figura del concierto educativo fue la emergencia en cubrir los más rápidamente posible la necesidad de plazas tras el baby boom de la década de los setenta”, pero que esta necesidad “al día de hoy no se tiene”.